CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN DE 1980: EL FOCO DEL DEBATE PRESIDENCIAL
Por Jorge Gómez Arismendi

Al igual que en el resto de Latinoamérica, el tema constitucional comienza a ser parte del debate previo a las presidenciales de diciembre, no tanto por una cuestión ideológica sino más bien porque es algo técnicamente necesario.
Desde el punto de vista neoinstitucional, las instituciones, entendidas como aquellos marcos de acción, que establecen limitaciones que estructuran la interacción humana, no son elementos estáticos en el tiempo sino que cambian con el tiempo de manera incremental.
Lo anterior sobre todo se aplica a las limitaciones formales, es decir, aquellas normas escritas como leyes, constituciones. Por una simple razón, lo individuos y sus formas de interacción cambian y con ello las mentalidades y por ende las sociedades. Mientras más rígida es una institución formal, tiene más posibilidades de quedar obsoleta en relación a las instituciones informales.
Eso es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Fue hecha en un contexto político, social y económico totalmente distinto al actual, que determinó entre otras cosas que su génesis y elaboración estuviera marcada por un claro autoritarismo, no sólo paternalista sino también excluyente. En el 2009, esa institucionalidad formal es cada vez más anacrónica en relación al modo –cada vez más diverso- de pensar y actuar de los chilenos.
Es anacrónica, a pesar de las reformas realizadas el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. La crisis de representación que genera el sistema electoral binominal y el debate en torno a las Pastilla del Día después, son sólo algunos ejemplos de ese anacronismo y la ciudadanía esta captando eso de forma creciente.
Si bien desde hace mucho tiempo diversas organizaciones y ciudadanos en diversas ciudades del país vienen desarrollando foros y propuestas en torno a cambiar la carta fundamental, como el abogado Roberto Garretón, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central o la Asociación Americana de Juristas, el tema recién ha comenzado a manifestarse con fuerza como eje central de la carrera presidencial.
Si bien candidatos como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, y Eduardo Frei ya han planteado la necesidad de tener una nueva carta fundamental, no han logrado posicionar esto como tema eje programático y político de la próxima elección presidencial. Y es el tema.
Por lo mismo, la propuesta de constitución política de Marco Enríquez Ominami, se vuelve significativa en varios sentidos en el actual escenario presidencial.
En primer lugar, como el tercer candidato mejor posicionado, obliga tanto a Frei como a Piñera a abordar el debate constitucional de forma sustancial y seria en sus programas, no sólo como simple comentario para las cámaras ni como un tema de comisión a cuatro paredes, sino que como eje central de sus campañas políticas ante la ciudadanía.
Es decir, politiza el tema constitucional y lo hace contingente y público para la ciudadanía. No tanto por la propuesta en sí, sino por el impacto mediático que tiene Enríquez Ominami.
En segundo lugar, abre el espacio de discusión cuestionando el sistema presidencial que nos ha regido desde los inicios republicanos y que ningún sector político cuestiona, proponiendo un sistema semipresidencial con primer ministro y un parlamento unicameral. Idea que coincide con una de las comisiones del ex presidente Frei, que ya ha planteado reemplazar el sistema presidencial actual.
Más allá de las diversas propuestas, lo concreto es que el tema constitucional se está convirtiendo en el tema central de las próximas elecciones. No será la crisis mundial, ni la economía, sino una cuestión política.
Ningún candidato presidencial podrá evadir esto si no quiere perder, aunque hasta ahora lo hayan hecho.

MEO Y SU PROPUESTA CONSTITUCIONAL

Por Jorge Montecino
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
La propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, delineada por el equipo de trabajo del Presidenciable Marco Enriquez-Ominami (MEO), está generando las primeras reacciones entre los distintos sectores de la clase política chilena.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Igual situación podría ocurrir con la idea de una sola Cámara Legislativa en el Congreso Nacional. Poner fin al Senado, por ejemplo, implicaría un cambio fundamental en el énfasis legislativo en el país y abre un debate, que al menos la clase política no está dispuesta a profundizar.
Ciertamente, la idea de revocar el mandato representativo de las autoridades, mediante la acción ciudadana, instala un desafío mayor para las autoridades. Esto ayuda a la calidad y densidad de la política y a nuevas formas de renovar la elite del país.
Otra de las propuestas planteadas, es reafirmar la figura del Estado, como garante de la educación en Chile, así como la aplicación de la figura del Plebiscito, para dirimir algunos asuntos claves para el país. Estas temáticas resultan más de consenso, siendo planteadas en el gobierno e incluso, en sectores de la derecha.
Algunos sectores del país – los gestores de la Constitución de 1980- reclaman aduciendo que las Constituciones, no se cambian todos los días y destacan el ejemplo estadounidense, que mantiene un cuerpo legislativo único y sólo genera enmiendas en su carta fundamental. Incluso aducen que las reformas aprobadas en el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron suficientes. Dichos argumentos, procuran de manera simbólica mantener una Constitución tutelar, con enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional y la prerrogativa de ciertos sectores y en especial la elite política del país.
Por tanto, el merito de MEO, y su programa de reforma constitucional, es instalar estos temas, como posibles y abordables, sobre todo en un país poco participativo, donde se privilegia la relación con la sociedad política por sobre la sociedad civil. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
Es necesario un nuevo cuerpo legislativo que supere la Constitución impuesta del año Ochenta, por que el país no sólo cambio radicalmente, sino que es una sociedad compleja, cambiante y de enormes transformaciones, tremendamente interconectada y globalizada, lo que implica constantes ajustes al marco constitucional en procura de ir cerrando la brecha entre el país legal y el país real.

LEY CONTRA MANIFESTACIONES PÚBLICAS

CHILE: ¿FIN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Por Jorge Montecino.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Las manifestaciones en Chile, podrían resultar caras y con penas de cárcel para los convocantes. En medio del escenario electoral, en el Congreso se tramita una Ley, que castiga a los dirigentes de instituciones sociales o ciudadanas, por los desmanes que pudieran provocar las minorías violentas que por lo general se infiltran en las manifestaciones públicas y que apartándose de la idea inicial de la convocatoria producen destrozos en la propiedad pública y privada.
Esta Ley atenta gravemente con el derecho a manifestarse públicamente y de manera pacifica. Además criminaliza toda acción ciudadana y restringe la diversidad de opinión entre los actores sociales y ciudadanos. Resulta una medida intimidatoria, por que responsabiliza a los líderes o dirigentes máximos de una organización y por ende, una persecución que podría desmantelar o al menos disminuir claramente los liderazgos sociales o ciudadanos.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Nadie sensato, pretenderá responsabilizar – como es el cuerpo de la Ley- a las organizaciones sociales o ciudadanas por lo que ocurre durante una manifestación que por esencia, es amplia, plural y diversa, sin discriminación de ningún tipo. El control policial –intimidatorio- que se ejerce actualmente sobre los manifestantes, parece no ser suficiente, y ahora se busca que los manifestantes se pre-inscriban antes de manifestarse públicamente.
Resulta al menos curioso, que en un Chile post Neoliberal, la libertad a expresarse sea restringida mediante este tipo de legislatura, en medio de una crisis financiera global, que golpea de manera manifiesta a los sectores medios y vulnerables del país, cuya última manifestación, ante el total desamparo del mercado, es utilizar la manifestación pública, como expresión de reclamo y grito de esperanza.
Es una verdadera mordaza al derecho de expresión y un mal recuerdo de una época oscura de Chile, donde la aplicación de los artículos transitorios y la ley de Seguridad interior, se utilizaba como herramienta política. Con esta Ley se fortalece el vandalismo – que seguirá existiendo- y se intimida al ciudadano y su libertad de expresión.

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE
Por Jorge Gómez Arismendi
Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.
“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.
La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.
El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.
Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.
Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.
Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».
Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.
Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.
El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.
Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.
«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.
En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.
La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

HONDURAS: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DEMÓCRATAS?

Por Jorge Gómez Arismendi
El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.
La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.
Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.
Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.
Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.
Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.
Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.
No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.
La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.
En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.

HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO

Por Jorge Montecino.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.
La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.
Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.
La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.
Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.
Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista.

Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.