domingo, 23 de agosto de 2009

Guerra de papeles en el Congreso

CANIBALISMO ELECTORAL EN EL CONGRESO NACIONAL
Por Jorge Montecino
La política se vulgariza y pierde todo contenido, en las propias manos de quienes debieran ponderarla. Surge el “canibalismo electoral” que implica obtener votos y preferencias electorales, a cualquier precio.
El lanzamiento mutuo de un papel (Un Supuesto Decreto) entre el Ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma y el Diputado UDI, Gonzalo Arenas, en pleno Congreso Nacional, demuestra el deterioro de la calidad de la acción política en el país.
Dicha situación se complementa con otras conductas igualmente repudiables que involucra a la clase política. Recordemos las oficinas parlamentarias en casa de amigos; la utilización de vehículos fiscales en actividades privadas de Ministros y Subsecretarios; la utilización del cargo para burlar las reglas del transito, e incluso la presión sobre agentes del Estado, para no ser multado. Todos aspectos que aparecen como una práctica casi habitual entre funcionarios políticos.
Está cierta impunidad, curiosamente es copiada por otros actores, como es el caso de algunos candidatos políticos, que sin mediar responsabilidad alguna, y amparados en algunos vacíos legales, copan los espacios públicos con propaganda electoral, mucho antes que comience el plazo legal que les otorga la Ley.
¿Qué está ocurriendo con los servidores públicos?
Asistimos al deterioro de la ética pública y las buenas costumbres, así como el respeto y la diversidad de conductas entre actores públicos. Vale decir, la acción política, como un bien público, se agota y surge el “canibalismo electoral” que implica obtener votos y preferencias electorales, a cualquier precio, no importando en demasiado, el costo que esto implique.
La inmediatez por la captura de los votos o por sacar ventajas electorales sobre el adversario político, es una práctica nociva para el sistema político. Esto ocurre por qué los candidatos y partidos políticos, requieren obtener votos, no importando en demasiado los contenidos programáticos. El “mercado electoral” exige cuotas determinadas de votos. Para ello algunos están dispuestos a obtenerlas sin mediar consecuencias.
Dichas acciones se concentran principalmente pensando en aquellos sectores llamados electoralmente “indecisos”, que votan o dejan de votar, ante cualquier situación mediática, por muy particular que resulte.
En un año electoral, estrecho, en cuyo efecto, el poder pudiera resolverse por miles de votos, los escándalos mediáticos, por pequeño que parezcan suman “votos indecisos”, a las preferencias de quienes le saquen mejor provecho. Además, en un país electoralmente dividido, la propaganda de las campañas, está dirigido a los sectores que no tienen sus preferencias políticas resueltas. Vale decir, reciben el “Bombardeo Electoral” de casi todos los candidatos.
Esta práctica promueve que la política se vulgarice y pierda todo contenido, en las propias manos de quienes debieran ponderarla, como una de las acciones más nobles de la sociedad. Lamentablemente lo que distingue la política de otros aspectos públicos, se pierde. Tal vez, es lo verdaderamente importante del incidente entre él Ministro y él Diputado. De lo demás, poco se sabe.
EL FIN DE LA VIRTUD
Por Jorge Andrés Gómez Arismendi
El episodio entre representantes de dos poderes del Estado sólo muestra que la virtud (el arete), aquello que tanto valoraban los griegos, está desaparecida.
Para Aristóteles, el político, según su apetito recto, relacionado con las virtudes humanas, desarrolla la virtud en el aspecto práctico, pues conoce para obrar bien. Ese es su fin último, el bien común de la polis, por tanto ejerce su poder en forma racional sobre la polis.
“Poder se dice también de la facultad de hacer bien alguna cosa o de hacerla en virtud de su voluntad” (Aristóteles, 2000: 149).
La política debe ser conocida por quienes practican apetitos rectos, deben tener ética, que es parte de la filosofía práctica, junto a la política y la economía.
Según Aristóteles quien legisla y gobierna debe volcar su virtud, su conocimiento hacía la praxis, para ser un buen ciudadano y generar el bien común. Por eso el ideal de gobierno de Aristóteles es la aristocracia o el gobierno de los virtuosos.
Por lo mismo, Aristóteles justifica el poder ejercido por los aristócratas políticos, quienes serían los más virtuosos de la polis y los únicos capaces de obrar según la virtud, el bien obrar, y las virtudes máximas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia.
Pero ¿Se cumplen hoy día esas premisas? Al parecer no. Los hechos lo demuestran claramente.
La guerra de papeles entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el diputado Arenas en plena sesión del Congreso donde se interpelaba al representante del Ejecutivo por la situación en la Araucanía, son sólo otro ejemplo de este claro debilitamiento y la degradación de la “aristocracia”.
Pero esta semana hemos tenido otras dos muestras de que el arete (la virtud) se perdió en gran medida con: las declaraciones de Evelyn Matthei en cuanto al mal uso de asignaciones parlamentarias; y el uso de vehículos fiscales para un acto de campaña de Eduardo Frei.
Así, y como diciendo, si todos lo hacen es normal y correcto, sin ningún tipo de vergüenza –y más bien como una justificación- Evelyn Matthei declaró que lo que se le acusa a la diputada Claudia Nogueira (UDI) –mal uso de recursos públicos y asignaciones parlamentarias- es una práctica generalizada, que es común a todos los diputados, y que es un "pecado colectivo" pues todos lo hacen.
Planteó que existían dos opciones: o un desfile de diputados en tribunales o un arreglo político (el uso de un resquicio para hacer que la falta no sea tal, tal como se hizo con el caso sobresueldos el 2003).
Claramente la primera medida es la más democrática, pues permite que funcionen los checks and balance (que el poder tenga contrapesos). La segunda, es claramente una medida elitista, donde la clase política protege sus intereses y no los de los ciudadanos.
Como es lógico y no por eso ético, la senadora prefiere la segunda solución.
Como la virtud no es de exclusividad de una clase, ideología, credo, raza o grupo social, la perdida del arete que valoraba Aristóteles, parece ser transversal en nuestro escenario político actual.
Por eso, la ministra de Cultura, Paulina Urrutia; de Trabajo, Claudia Serrano y a la subsecretaria de Minería, Verónica Barahona, no tuvieron problemas en utilizar vehículos oficiales para asistir a una actividad de campaña de Eduardo Frei, aún cuando una orden del propio Ejecutivo, o sea de la Presidenta, impedía tal uso.
Sin embargo, y en la misma lógica de Matthei, en cuanto a que si todos lo hacen es normal y correcto, el ministro Viera-Gallo –quién además usa balizas aunque es ilegal- en apoyo a las ministras, dijo que él también usa el vehículo para actividades no propias del cargo.
En ambos casos, el mal uso de los recursos públicos, obtenidos a través de los impuestos que los ciudadanos comunes y corrientes pagan, son utilizados por las elites en pro de sus propios intereses, y peor aún esos malos usos son justificados en nombre del bien común a través de subterfugios.
Por eso, la guerra de papeles entre representantes de dos poderes del Estado en pleno Congreso y a vista y paciencia de todos, sólo muestra que la virtud (el arete), al que apelaba el gran Filósofo griego, está desaparecida casi en su totalidad en la propia “aristocracia” chilena, que más parece degradada.
Y todos ya sabemos que cuando la Aristocracia se pervierte, se convierte en Oligarquía.
-Aristóteles. (2000) La Metafísica. Colección Austral, Madrid.

miércoles, 5 de agosto de 2009

LAS FAMILIAS DEL PLOMO

El CHERNOBYL CHILENO
Por Jorge Gómez Arismendi
Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.
Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.
A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).
Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.
Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.
Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.
Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.
En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.
El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.
La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.
Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?
En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.
Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación.
El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales. El gobierno miente descaradamente.
¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.
Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.
EL BARRO SUECO QUE CONTAMINÓ ARICA
Por Jorge Montecino
Se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
En el año 1984, la empresa PROMEL, bajo la dirección de Marcos Beovic, solicitó autorización para desaduanar un producto curiosamente denominado “Barro con contenidos metálicos”, proveniente de Suecia. De esa manera se disfrazaron más de 19.314 toneladas de residuos tóxicos, que escondían altos índices de arsénico y plomo.
Hace algunas semanas, la Corte Suprema en un fallo histórico, obligó al Estado de Chile, a pagar $ 2.848 millones de pesos a un conjunto de familias afectadas.
Ante está escandalosa situación existen 2 aspectos que es preciso dilucidar. Por una parte, la responsabilidad de las autoridades de la época (1884) y las empresas involucradas. Vale decir, el Jefe del Servicio de Salud Arica y las compañías PROMEL de Chile y BOLIDEN METAL, de Suecia respectivamente.
Estos actores – bajo dictadura- son los causantes directos de la contaminación de los terrenos. Por tanto se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
Además, es necesario precisar, por que las nuevas autoridades de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, no lograron resolver el fondo del asunto y terminar con los altos niveles de contaminación y además, autorizaron la construcción de varios conjuntos habitacionales en la zona contaminada.
En el año 1993, la empresa PROMEL, solicita abandonar los curiosos “barros” y en consecuencia traslada su responsabilidad al Estado de Chile, bajo el supuesto de no poder procesar el material toxico, por su alto costo. Detrás de esta declaración, se esconde el verdadero propósito: nunca existió la intención del tratamiento de los residuos. Además, los terrenos arrendados al Ministerio de Bienes Nacionales, siempre fueron pensados como vertedero, lo que visibiliza el negocio de la muerte que instaló PROMEL con la complicidad de las autoridades chilenas.
La Corte Suprema en su fallo condenó al Servicio de Salud Arica por “no haber adoptado ninguna medida de seguridad para proteger a la población” En tal sentido, la condena incluye a las autoridades en dictadura y los gobiernos de La Concertación. Esto por que en el año 1997, las familias comienzan a presentar malestar físico que se expresan en: nauseas, dolores de cabeza, caída del cabello, desmayos y erupciones a la piel. Los más afectados resultaron ser la población infantil, que presentó altos niveles de plomo en la sangre.
Tras estos sucesos, y luego de más de 10 años, el fallo judicial, trata de reparar –aunque insuficientemente- lo que las autoridades no lograron resolver en casi 25 años, lo que resulta sinceramente inaceptable.
Respecto de las sanciones económicas- aún falta que se multe a las empresas involucradas – o sus herederos naturales – que importaron estos residuos y con ello reparar a los vecinos de Arica, que debieron vivir por años sobre los residuos exportados desde Suecia.

lunes, 3 de agosto de 2009

PIÑERA Y EL BANCO DE TALCA

LA HEPARINA DEL EMPRESARIO SEBASTIÁN PIÑERA
Por Jorge Montecino.
Son precisamente los escándalos empresariales, que complican al Piñera-político, e irrumpen en el escenario político electoral, que pudieran significar su no llegada a La Moneda.
¿Qué motivó a Mónica Madariaga para mencionar el episodio del Banco de Talca? ¿Qué pretendió el empresario Juan Claro, en los años noventa, al desencadenar el Piñera – Gate? ¿Por qué Lan Chile fue multada en 88 millones de dólares en Estados Unidos?
Parecen todas interrogantes que apuntan al relacionamiento del empresario y actual candidato presidencial, Sebastián Piñera Echeñique, con la forma y el fondo de obtener sus negocios, y por ende, la acumulación de su riqueza.
Por tanto, el nuevo escándalo de cómo eludió la justicia en el caso del “Banco de Talca”, - incluida la intervención de Pinochet- así como el desvió de cuantiosos recursos a empresas de su propiedad, mediante una triangulación especulativa y poco ética, resulta un denominador común, en la recurrente vida empresarial del candidato Presidencial.
Son precisamente los escándalos empresariales, que complican al Piñera-político, e irrumpen en el escenario político electoral, otorgándole calidad de bullicio mediático, y que evidentemente desordena la integridad ética de Sebastian Piñera. En dicho escenario, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el costo que pagará Sebastian Piñera –empresario- en su afán por llegar a La Moneda, (Piñera Político)
Parece que no existe límite posible para un obstinado y empecinado hombre de negocios, que está dispuesto a llegar a La Moneda, a cualquier precio. Algo que lo diferencia de las otras 5 fortunas más importantes del país. Dicho de otra manera, -el candidato Piñera, tiene su propia Heparina, y dice relación con su incompatibilidad entre empresario y político.
La forma de gestionar los negocios – con reparos éticos y falta de prudencia-instala el debate de fondo, respecto de la incapacidad de equilibrar negocios y política, sobre todo cuando en algunas ocasiones, la ética y las buenas costumbres, no tienen la profundidad requerida. En más de alguna oportunidad – como en los casos Lan Chile e Infinco- el empresario no escatima esfuerzos para utilizar información privilegiada y obtener beneficios para sus negocios. En el caso del Banco de Talca, la negociación con el Banco de Concepción, favoreció a Piñera y de paso dejó fuera del negocio al propio banco y los demás socios.
Lo complejo, para Sebastián Piñera – candidato, es que no puede desligarse de estos y otros episodios, por que la “Heparina empresarial” pudiera significar en el apretado escenario electoral, que aquellos electores indecisos – hacia quienes van dirigidas las campañas electorales- cambien sus preferencias. No olvidemos que la elección presidencial se pudiera definir por escasos miles de votos, y por tanto, un tropiezo de algunos de los candidatos, implicaría su no llegada a La Moneda.
ACTUAR PRIVADO Y PÚBLICO ¿DOS ÉTICAS?
Por Jorge Gómez Arismendi
Más allá de tecnicismos de toda índole para definir la inocencia o culpabilidad de Piñera en cuanto al Banco de Talca, este incidente hace pertinente la discusión en torno al nivel de coherencia ética que debe existir entre el actuar privado y público de los representantes, sobre todo en cuanto al respeto a la legalidad.
Berlusconi es probablemente el más escandaloso de los políticos actuales. Su vida privada y personal es más sabrosa para los medios que su vida política y claramente será más recordado por sus bataholas que por su gobierno.
El caso de Berlusconi, así como el de Clinton o Kennedy años atrás, nos demuestran que separar la vida privada de la pública, es muy difícil para los políticos, y que de esa colusión constante pueden salir airosos o destruidos.
En Chile la misma lógica se aplica cada vez más, y por lo mismo, nuestros políticos ya no son vistos como “honorables” ciudadanos, intachables y de una ética elevada, sino más bien como sujetos que tienen las mismas tentaciones, falencias y vicios, que el resto de los mortales.
Esta semana Piñera no ha escapado de esa lógica.
Como un fantasma que pena, un episodio de su vida privada y oculto para el electorado en general -cuando en 1982 Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude al Banco de Talca- ha salido a la luz pública de forma abismante, justo en medio de su campaña presidencial.
Más allá de tecnicismos de toda índole para definir la inocencia o culpabilidad de Piñera en dicho episodio, este incidente hace pertinente la discusión en torno al nivel de coherencia ética que debe existir entre el actuar privado y público de los eventuales representantes, sobre todo en cuanto al respeto a la legalidad, porque su legitimidad está fundada en el imperio de la ley.
Y esto ya no se trata de fideicomisos ciegos o de si es legítimo o no que alguien con mucho patrimonio económico pueda ejercer cargos públicos, sino de cómo el actuar privado se condice con el discurso público sin colisionar.
En el caso de Piñera, la colusión entre su modo de actuar privado y su imagen pública ha estado presente en otras ocasiones como el Piñeragate –aún cuando es totalmente inaceptable el espionaje en sí- o la sanción que le interpuso por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por uso de información privilegiada, al violar el deber de abstención en la compra acciones de LAN en el año 2006.
En el primer caso, claramente se podría poner en duda el actuar ético del actual candidato presidencial. En el segundo, su respeto al derecho, aún cuando Piñera atribuyo a un error de cálculo la infracción legal, pagando una multa cercana a los $ 360 millones.
En el caso del banco de Talca, durante la administración de Piñera, la entidad no sólo tenía prestados cinco veces su capital, aún cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo, sino que se fingieron exportaciones, a través de empresas de papel, según un informe del auditor Iván Goic.
¿Error de cálculo, excesivo riesgo empresarial o transgresión de la ley? No es pretensión de este artículo responder aquello.
Lo claro que si analizamos bien, Piñera parece no ser el único político que ha actuado alguna vez, al “filo” de la ley.
Así por ejemplo, hace rato que las campañas comenzaron, aún cuando la ley 19.884 prohíbe realizar propaganda dirigida directa o indirectamente a promover el voto antes de 30 días de las elecciones.
Ese es el punto de todo esto ¿Qué pasa cuando quienes harán o hacen imperar la ley la transgreden? ¿Qué pasa con la legitimidad de la ley y de esos gobernantes?
Los cuestionamientos que vive Sebastián Piñera en torno al Banco de Talca, demuestran que la separación entre vida pública y privada, para los políticos es muy difícil, aún cuando pasen muchos años. Y eso corre para todos, incluso Berlusconi.