CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN DE 1980: EL FOCO DEL DEBATE PRESIDENCIAL
Por Jorge Gómez Arismendi

Al igual que en el resto de Latinoamérica, el tema constitucional comienza a ser parte del debate previo a las presidenciales de diciembre, no tanto por una cuestión ideológica sino más bien porque es algo técnicamente necesario.
Desde el punto de vista neoinstitucional, las instituciones, entendidas como aquellos marcos de acción, que establecen limitaciones que estructuran la interacción humana, no son elementos estáticos en el tiempo sino que cambian con el tiempo de manera incremental.
Lo anterior sobre todo se aplica a las limitaciones formales, es decir, aquellas normas escritas como leyes, constituciones. Por una simple razón, lo individuos y sus formas de interacción cambian y con ello las mentalidades y por ende las sociedades. Mientras más rígida es una institución formal, tiene más posibilidades de quedar obsoleta en relación a las instituciones informales.
Eso es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Fue hecha en un contexto político, social y económico totalmente distinto al actual, que determinó entre otras cosas que su génesis y elaboración estuviera marcada por un claro autoritarismo, no sólo paternalista sino también excluyente. En el 2009, esa institucionalidad formal es cada vez más anacrónica en relación al modo –cada vez más diverso- de pensar y actuar de los chilenos.
Es anacrónica, a pesar de las reformas realizadas el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. La crisis de representación que genera el sistema electoral binominal y el debate en torno a las Pastilla del Día después, son sólo algunos ejemplos de ese anacronismo y la ciudadanía esta captando eso de forma creciente.
Si bien desde hace mucho tiempo diversas organizaciones y ciudadanos en diversas ciudades del país vienen desarrollando foros y propuestas en torno a cambiar la carta fundamental, como el abogado Roberto Garretón, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central o la Asociación Americana de Juristas, el tema recién ha comenzado a manifestarse con fuerza como eje central de la carrera presidencial.
Si bien candidatos como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, y Eduardo Frei ya han planteado la necesidad de tener una nueva carta fundamental, no han logrado posicionar esto como tema eje programático y político de la próxima elección presidencial. Y es el tema.
Por lo mismo, la propuesta de constitución política de Marco Enríquez Ominami, se vuelve significativa en varios sentidos en el actual escenario presidencial.
En primer lugar, como el tercer candidato mejor posicionado, obliga tanto a Frei como a Piñera a abordar el debate constitucional de forma sustancial y seria en sus programas, no sólo como simple comentario para las cámaras ni como un tema de comisión a cuatro paredes, sino que como eje central de sus campañas políticas ante la ciudadanía.
Es decir, politiza el tema constitucional y lo hace contingente y público para la ciudadanía. No tanto por la propuesta en sí, sino por el impacto mediático que tiene Enríquez Ominami.
En segundo lugar, abre el espacio de discusión cuestionando el sistema presidencial que nos ha regido desde los inicios republicanos y que ningún sector político cuestiona, proponiendo un sistema semipresidencial con primer ministro y un parlamento unicameral. Idea que coincide con una de las comisiones del ex presidente Frei, que ya ha planteado reemplazar el sistema presidencial actual.
Más allá de las diversas propuestas, lo concreto es que el tema constitucional se está convirtiendo en el tema central de las próximas elecciones. No será la crisis mundial, ni la economía, sino una cuestión política.
Ningún candidato presidencial podrá evadir esto si no quiere perder, aunque hasta ahora lo hayan hecho.

MEO Y SU PROPUESTA CONSTITUCIONAL

Por Jorge Montecino
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
La propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, delineada por el equipo de trabajo del Presidenciable Marco Enriquez-Ominami (MEO), está generando las primeras reacciones entre los distintos sectores de la clase política chilena.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Igual situación podría ocurrir con la idea de una sola Cámara Legislativa en el Congreso Nacional. Poner fin al Senado, por ejemplo, implicaría un cambio fundamental en el énfasis legislativo en el país y abre un debate, que al menos la clase política no está dispuesta a profundizar.
Ciertamente, la idea de revocar el mandato representativo de las autoridades, mediante la acción ciudadana, instala un desafío mayor para las autoridades. Esto ayuda a la calidad y densidad de la política y a nuevas formas de renovar la elite del país.
Otra de las propuestas planteadas, es reafirmar la figura del Estado, como garante de la educación en Chile, así como la aplicación de la figura del Plebiscito, para dirimir algunos asuntos claves para el país. Estas temáticas resultan más de consenso, siendo planteadas en el gobierno e incluso, en sectores de la derecha.
Algunos sectores del país – los gestores de la Constitución de 1980- reclaman aduciendo que las Constituciones, no se cambian todos los días y destacan el ejemplo estadounidense, que mantiene un cuerpo legislativo único y sólo genera enmiendas en su carta fundamental. Incluso aducen que las reformas aprobadas en el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron suficientes. Dichos argumentos, procuran de manera simbólica mantener una Constitución tutelar, con enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional y la prerrogativa de ciertos sectores y en especial la elite política del país.
Por tanto, el merito de MEO, y su programa de reforma constitucional, es instalar estos temas, como posibles y abordables, sobre todo en un país poco participativo, donde se privilegia la relación con la sociedad política por sobre la sociedad civil. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
Es necesario un nuevo cuerpo legislativo que supere la Constitución impuesta del año Ochenta, por que el país no sólo cambio radicalmente, sino que es una sociedad compleja, cambiante y de enormes transformaciones, tremendamente interconectada y globalizada, lo que implica constantes ajustes al marco constitucional en procura de ir cerrando la brecha entre el país legal y el país real.

LEY CONTRA MANIFESTACIONES PÚBLICAS

CHILE: ¿FIN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Por Jorge Montecino.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Las manifestaciones en Chile, podrían resultar caras y con penas de cárcel para los convocantes. En medio del escenario electoral, en el Congreso se tramita una Ley, que castiga a los dirigentes de instituciones sociales o ciudadanas, por los desmanes que pudieran provocar las minorías violentas que por lo general se infiltran en las manifestaciones públicas y que apartándose de la idea inicial de la convocatoria producen destrozos en la propiedad pública y privada.
Esta Ley atenta gravemente con el derecho a manifestarse públicamente y de manera pacifica. Además criminaliza toda acción ciudadana y restringe la diversidad de opinión entre los actores sociales y ciudadanos. Resulta una medida intimidatoria, por que responsabiliza a los líderes o dirigentes máximos de una organización y por ende, una persecución que podría desmantelar o al menos disminuir claramente los liderazgos sociales o ciudadanos.
Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.
Nadie sensato, pretenderá responsabilizar – como es el cuerpo de la Ley- a las organizaciones sociales o ciudadanas por lo que ocurre durante una manifestación que por esencia, es amplia, plural y diversa, sin discriminación de ningún tipo. El control policial –intimidatorio- que se ejerce actualmente sobre los manifestantes, parece no ser suficiente, y ahora se busca que los manifestantes se pre-inscriban antes de manifestarse públicamente.
Resulta al menos curioso, que en un Chile post Neoliberal, la libertad a expresarse sea restringida mediante este tipo de legislatura, en medio de una crisis financiera global, que golpea de manera manifiesta a los sectores medios y vulnerables del país, cuya última manifestación, ante el total desamparo del mercado, es utilizar la manifestación pública, como expresión de reclamo y grito de esperanza.
Es una verdadera mordaza al derecho de expresión y un mal recuerdo de una época oscura de Chile, donde la aplicación de los artículos transitorios y la ley de Seguridad interior, se utilizaba como herramienta política. Con esta Ley se fortalece el vandalismo – que seguirá existiendo- y se intimida al ciudadano y su libertad de expresión.

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE
Por Jorge Gómez Arismendi
Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.
“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.
La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.
El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.
Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.
Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.
Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».
Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.
Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.
El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.
Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.
«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.
En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.
La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

HONDURAS: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DEMÓCRATAS?

Por Jorge Gómez Arismendi
El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.
La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.
Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.
Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.
Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.
Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.
Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.
No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.
La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.
En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.

HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO

Por Jorge Montecino.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.
La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.
Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.
La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.
Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.
Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista.

Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.

LA PILDORA DEL DIA DESPUÉS

LA PILDORA ELECTORAL Y OPUS DEI
Por Jorge Montecino
Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.
¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.
Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.
Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.
Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.
Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.
En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

PDD: Cualquier cosa, menos alterar el modelo económico

Por Jorge Gómez Arismendi
La Pastilla del día después (PDD) sigue siendo un voladero de luces, pues no se discute el fondo del problema: que tenemos un modelo que no ofrece protección alguna a la maternidad y la vida del ya nacido.
Andrea trabaja 10 horas diarias, su hijo tiene 1 año de vida y asiste al jardín infantil desde los 6 meses de vida. Ella trabaja por un sueldo bajo, sin embargo costea el jardín del pequeño, pues tampoco es considerada para acceder al sistema público de educación preescolar.
Hace algunas semanas, Benjamín, su hijo, se enfermó de Influenza AH1N1. Lo atendió en una clínica privada, pues anteriormente un hospital público lo envió a casa sólo con una aspirina, a pesar de la recomendación del pediatra de ser hospitalizado de urgencia pues llevaba 7 días con fiebre.
La atención de urgencia le costo alrededor de 100 mil pesos, pues le cobraron un excedente por llevarlo en horario peak. No podía salir del trabajo antes, así que lo debió llevar a esa hora.
El niño requería diez días de reposo. Sin embargo, el médico le negó la licencia a Andrea, simplemente porque el pequeño ya tiene un año.
Se vio forzada entonces a obtener una licencia de forma anexa, para poder faltar a su trabajo sin que le descuenten y poder cuidar a su hijo. Días después, su Isapre –no es Fonasa- rechazó la licencia, aún cuando ésta indicaba claramente que la paciente presentaba síntomas de influenza humana.
¿Qué nos muestra la historia y cuál es su relación con la discusión en torno a la PDD?
Nos indica que ni el gobierno ni la oposición ofrecen soluciones reales y concretas al problema de fondo: que en Chile no se protege la infancia, y que además el sistema castiga fuertemente a la mujer que trabaja y que decide cumplir una maternidad responsable, aún si está sola.
Muestra que tanto la Concertación como la Alianza, en el fondo no pretenden modificar el modelo para solucionar un problema social cuya raíz es más amplia y profunda, y cuyos costos son de largo alcance. Por eso centran sus propuestas sólo en una parte muy específica, pero no van más allá de eso.
En este sentido, los que rechazan la PDD no proponen absolutamente nada para evitar la interrupción de embarazos no deseados, no ofrecen opciones posteriores, sino que sólo restringen una solución previa, usar la pastilla.
Olvidan que hay factores clave (tanto a priori como a posteriori) en cuanto al aborto, como la falta de programas de educación sexual, el castigo social que persiste sobre las madres solteras –expulsión de colegios, discriminación laboral- y el alto costo económico que implica tener un hijo sin apoyo familiar o de pareja.
No olvidemos que al nuevo actual rechazo a la distribución de la Pastilla, se suma una férrea y constante oposición a la promoción de campañas en pro del uso del condón o a programas de educación sexual en colegios donde se incluya el uso de métodos anticonceptivos.
En este sentido, la discusión en torno a permitir la distribución de la PDD deja en evidencia las profundas contradicciones del discurso social y político de la Concertación y sobre todo la Alianza.

Restringir la libertad pero nunca alterar el modelo
La mayoría de los sectores pro vida son declarados defensores del modelo económico imperante, por lo tanto rechazan cualquier modificación sustancial a éste, o la idea de crear un Estado benefactor por considerarlo paternalista.
Sin embargo, tienen una clara postura paternalista, cuando defienden una fuerte restricción por parte del Estado, a la libertad moral y de conciencia de las personas en diversos temas como aborto, eutanasia o uniones homosexuales.
A la vez y contradictoriamente a su discurso pro vida, rechazan cualquier intervención del Estado en cuanto a ofrecer y constituir un sistema de protección para personas en situación de alta vulnerabilidad, como lo es un recién nacido, que además su madre no desea.
Es decir, aún cuando el sujeto de la protección parece ser el mismo, su protección sólo sería válida en el vientre. Cuando alguien ya nació, protegerlo implicaría alterar el modelo económico. En esto también parece ser condescendiente la Concertación, pues la alternativa al problema es la interrupción del embarazo, pero no la garantía de una protección posterior del individuo y su madre.
En el fondo, el discurso político que ambos sectores defienden, concibe que el recién nacido debe valerse por sí solo, pues intervenir para ayudar a su madre sería peligroso, populista. Una retórica que no es nueva. Recordemos que cuando hace varios años atrás se propuso la repartición gratuita de leche por parte del Estado en los sectores más pobres, parte de la derecha catalogó la medida como populista.
Libertad de conciencia para algunos, restricción estatal para pobres
En cuanto a la libertad de acción y de conciencia de las personas, la discusión muestra claramente la contradicción de los sectores pro vida y algunos “vulgo liberales”.
Por un lado, y en respuesta a la posición de Sebastián Piñera a favor de la pastilla, algunos parlamentarios reclaman que en temas valóricos no hay órdenes de partido (Kast), que debe primar la libertad de conciencia de cada persona. Al parecer, para el parlamentario eso sólo sería válido para aquellos que rechazan la pastilla, no para una mujer que decidiera usarla.
Por lo mismo, cuando Piñera deja en libertad de acción a los legisladores de su sector -para que decidan qué es bueno para las personas, y sabiendo que muchos van a rechazar la distribución- hay un claro acto de paternalismo elitista de su parte. Y eso que el paternalismo es un argumento clave cuando critican al gobierno.
Sin embargo, y tal como lo hizo María Angélica Cristi, a la vez se acusan una imposición del gobierno al agregar un método anticonceptivo más, cuando hay otros sistemas anticonceptivos a disposición del público en consultorios y la gente no lo ha pedido. ¿No es una imposición acaso eliminar alternativas? Más aún ¿Por qué sería bueno restringir alternativas y malo aumentarlas?
Lo concreto es que la decisión y la capacidad de elección queda en manos de las elites y no de los ciudadanos. Paternalismo claro de parte de algunos sectores de la Alianza, que acorde a la lógica de defensa irrestricta del modelo económico, sólo cuestiona la distribución en consultorios del sistema público, pero no la venta de la pastilla en farmacias.
Es decir, aquellos que pueden pagar sí tienen derecho a acceder a la pastilla, ejercer su libertad de conciencia, además de planificar y decidir acerca de sus vidas, pero no aquellos que no tienen dinero para comprarla.
Los más pobres entonces, deben someterse a la disciplina moral que algunas elites -que si pueden ejercer su libertinaje- les imponen. Vaya sociedad libre.

Encuesta CEP 2009

El ESTABLISHMENT, SUS ENCUESTAS Y LOS CIUDADANOS

Por Jorge Gómez Arismendi
En esta ocasión, la encuesta CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer -mediante el encauzamiento de las expectativas ciudadanas- un sistema político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la gente en general. Por lo mismo, la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar el estudio, es más bien ilusoria.
Más allá de los típicos análisis, hay que ver que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, quizás la más esperada de las encuestas políticas (y eso que la opinión pública no existe) pretende mostrar una opinión pública cuyo principal interés político estaría centrado en cuán simpático es un candidato. Pero ¿Cuán cierto es esto y qué se esconde detrás de ese mensaje?
La última encuesta del CEP publica ayer, enfocó parte importante de sus consultas a determinar cómo perciben los ciudadanos a los candidatos presidenciales, preguntándoles si los veían preparados para ser presidente, simpáticos, inseguros o manipuladores.
En este sentido, la consulta no tomó en cuenta ni puso en el tapete cuestiones programáticas ni de trasfondo político en cuanto a la próxima elección presidencial.
Es decir, eliminó de la “opinión pública” lo más importante que debería tomarse en cuenta a la hora de elegir a un futuro gobernante; sus propuestas y programas.
Algunos dirán que eso ocurre por un tema netamente metodológico. Quizás. Pero no. Y es que hay algo detrás de toda encuesta: y es que estás no reflejan tanto la realidad, sino que más bien pretenden construirla.
Por lo mismo, y en esa pretensión de construir la realidad, la encuesta CEP ha pretendido mostrar que el único cambio concreto y posible –en el actual sistema político- será relativo a tener un presidente más simpático, menos inseguro o menos manipulador. Nada más allá de eso.

Es decir, con la encuesta se pretende enmarcar las esperanzas y márgenes de opción del electorado, no en torno a asuntos programáticos y políticos, sino a cuestiones subjetivas como la simpatía o seguridad del candidato. O sea, a expectativas dentro de lo que el establishment del poder permite.
A través de la encuesta se les dice indirectamente a los ciudadanos –a sus subconscientes- no pidan más allá, pues éste es el sentir general de la opinión pública. Lo anterior, aún cuando la encuesta CEP –que es parte del establishment- construye esa ficción, esa opinión pública, a partir de un universo de sólo 1.505 personas, cuando en la realidad existe un total de 8 millones 100 mil inscritos para votar.
Si uno lo analiza bien, la encuesta –aunque no es explícita en decirlo y tampoco pretende hacerlo- también muestra claramente que “el cambio”, la “renovación de la política” y la inclusión de jóvenes en las campañas de la Concertación y la Alianza, son sólo una ficción, una estrategia de marketing, y no una pretensión política y programática. Es decir, que los cambios profundos y de fondo no están considerados por los candidatos de dichas coaliciones, y que tampoco deben estarlo en las expectativas de los ciudadanos.
Una vez más, el establishment se refuerza y se reproduce a si mismo mediante sus instrumentos, guiando las expectativas y opiniones de los ciudadanos.
Es claro que en esta ocasión, la encuesta del CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer mediante el encauzamiento de las opiniones y expectativas ciudadanas -sobre todo a través de los medios de comunicación masivos- un sistema electoral y político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la ciudadanía en general.
Es por esto que la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar la CEP, es más bien ilusoria.
Lo cierto es que los bandos políticos ya están armados hace rato en torno a la Alianza y la Concertación, pero el votante medio -aquel independiente que deben pelearse los partidos políticos- en la realidad no quiere optar por ninguno de esos candidatos, pues en el fondo perciben a Piñera y Frei como iguales, como parte del mismo establishment y orden político basado en la Alianza y la Concertación, que no aprueban.
De lo anterior surge gran parte del creciente apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami (que no sólo cuenta con simpatizantes entre inscritos sino también entre no inscritos).
Si se analiza con detalle, se puede ver que existe un número importante de personas que no vota o no le interesa hacerlo en éstas próximas elecciones. Ya en las pasadas elecciones, de 8 millones de inscritos, más de un millón (un 16%) prefirió no votar, mientras que hay 3 millones de no inscritos en edad de hacerlo. En otras palabras no sólo no les gustan las opciones que se les ofrecen, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad de éstas para gobernar y de todo el orden político.
Por lo mismo, como instrumento del establishment y en la función de revertir ese fenómeno, la encuesta CEP no aportó nada nuevo y más bien reforzó lo que otras encuestas, medios de comunicación y partidos políticos han hecho y han estado haciendo en los últimos meses: tratar de reducir o atraer las opciones, expectativas y opiniones de los ciudadanos a las que ofrecen las coaliciones hegemónicas (La Concertación y la Alianza). Da lo mismo cuál. Es el mismo establishment.

LAS CLAVES DE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL
Por Jorge Montecino.
La encuesta CEP, visibilizó el pulso electoral de cara a las elecciones presidenciales de diciembre. El análisis demuestra que los candidatos Eduardo Frei y Sebastian Piñera, logran un empate técnico en segunda vuelta. Por otra parte, los candidatos pequeños, escasamente reúnen un 1 % lo que implica que tienen pocas posibilidades de llegar a La Moneda. Respecto de Marco Enriquez- Ominami, - el candidato más mediatizado de los últimos tiempos- aparece marcando el 13 % de las preferencias, cifra que lo instala como la tercera fuerza electoral del país, desplazando, a candidatos como Jorge Arrate, Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro.
Respecto del gobierno, a la Presidenta Michelle Bachelet, la encuesta le otorgar un 66 % de apoyo, lo que implica un liderazgo pleno y robusto, que le permitirá consolidar sus logros y terminar su mandato con una alta legitimidad. Sin embargo, su capital político, no es traspasable de manera integra al candidato de La Concertación, el Senador, Eduardo Frei.
¿Qué implican estas preferencias políticas?
La medición deja al descubierto la dura lucha por el sillón presidencial en la segunda vuelta. El ganador obtendrá el poder por un margen muy ajustado de votos. Las alianzas electorales podrían resultar claves para inclinar la balanza y romper el equilibrio electoral. El pacto PC- Concertación, podría inclinar el poder y resultar clave. Esto ocurre principalmente por que los votantes siguen siendo los mismos que han sufragado en las últimas elecciones presidenciales. Vale decir, el padrón electoral no crece de manera significativa.
Respecto de los candidatos más pequeños su futuro es incierto. El representante presidencial del Junto Podemos Más, puede alcanzar alrededor de un 5 %, en la primera vuelta, superando largamente su 1 % que le asigna la encuesta CEP.
Respecto de Adolfo Zaldívar, aparece con una votación marginal, quedando en suspenso su proyecto político futuro. Lo mismo ocurre con el senador Navarro, cuestión que podría significar el fin de su aventura presidencial.
El caso de Marco Enriquez- Ominami, resulta significativo. Es en definitiva una candidatura que crece en las encuestas. Es un candidato catalizador del descontento hacia La Concertación y su candidatura promueve un recambio generacional en la elite gobernante. Su 13 %, es en gran parte, un voto que le pertenece a La Concertación - un 44 % de sus votantes expresan que votaran por Frei, en la segunda vuelta- Sin embargo, los desafíos que debe enfrentar son múltiples.
Primero; debe lograr la inscripción de miles de sus adherentes, ello implica un tremendo esfuerzo administrativo- electoral; Segundo, la conformación de su fuerza electoral, por que sin diputados y senadores, no hay gobierno posible. Tercero, superar todas las trabas burocráticas del sistema electoral chileno. Estos escollos pudieran dejarlo fuera de la carrera presidencial.
De ocurrir esto último, MEO, quedaría en el camino y la contienda presidencial, se reduce sólo a las dos candidaturas fuertes, en cuyo efecto, y considerando la escasa inscripción de nuevos electores, quien logre mayor efectividad en el llamado a votar, entre sus propios adherentes, logrará obtener el poder. Por lo tanto, la renovación de la política, queda postergada una vez más y el poder se reproduce, tal como ha sucedido en los últimos 20 años.

Corrupción en PDI

Caso PDI: ¿Quién nos resguarda?
Por Jorge Montecino
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.
Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.
En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.
Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.
¿Es Chile un país corrupto?
Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias víctimas- de aquellos que debían proteger.
La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.
Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.
La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.
La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.
El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.

Corrupción en la PDI: ¿Dónde están los Controles y Contrapesos (checks and balances)?
Por Jorge Gómez Arismendi
La participación de miembros de la PDI en una red de prostitución infantil, denunciada por Contacto, muestran que el perfeccionamiento de las instituciones no debe centrarse sólo en la mejorar su imagen sino también sus estructuras institucionales, formales e informales.
Cuando la policía civil cambio su nombre a las siglas PDI, su director Arturo Herrera, anunció que se iniciaba una nueva etapa institucional (encuadrada en el Plan Minerva) con buenas prácticas, una gestión transparente y un nuevo código de ética policial. En esa oportunidad, también destacó la reducción al mínimo de la corrupción al interior del organismo.
Sin embargo, la denunciada hecha esta semana por el programa Contacto, en cuanto a la eventual participación de miembros de la PDI -en retiro y servicio activo- en una red de prostitución infantil desbaratada en el año 2007, muestra que aún persisten serias falencias institucionales, formales e informales en dicho organismo a todo nivel, y que el cambio de imagen no ha bastado para erradicarlas.
En este sentido, la falla institucional en la policía civil es clara. El jefe de la PDI en Valparaíso el año 2007, Alfredo Jiménez Ogalde, aún cuando supo formalmente de las denuncias, cuando el líder de la red –ahora detenido- declaró que entre sus clientes había miembros de la PDI, ni siquiera hizo un sumario.
A lo anterior se sumó que el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR), negó las irregularidades ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando ésta le consultó por las denuncias hechas por el subcomisario Héctor Guzmán Godoy (expulsado de la policía el mismo 2007).
¿Qué buscaban proteger estos altos funcionarios? ¿La nueva imagen de la PDI valía más que hacer pública las faltas de algunos funcionarios de menor rango? ¿O las denuncias los salpicaban a ellos también?
Por otro lado ¿Qué clase de investigación hizo la Comisión de DD. HH. que bastó con esa simple negación del subsecretario para dejar de indagar acerca de las denuncias?
Claramente, lo anterior muestra lo más grave de todo del asunto, y es que los hechos ocurridos en torno al caso denunciado, indican que los procedimientos institucionales de diversos organismos -en cuanto a fiscalizar actos corruptos de otros- fallaron en su conjunto y de forma estruendosa.
Fracasaron no sólo en la PDI y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sino también en el Ministerio Público, que recién el 2009 inició una investigación, aún cuando ya el 2007, en julio específicamente, una de las víctimas de la red de prostitución infantil desbaratada, había denunciado la participación de policías civiles ese mismo año.
Ahí radica el principal problema principal de todo esto, porque ninguno de los organismos que pudo haber hecho algo al respecto lo hizo correctamente, ni tampoco funcionó de manera totalmente independiente y competente como para fiscalizar al otro. Es decir, fallaron los Check and balance (Controles y Contrapesos) en más de una ocasión.

La cimarra* diaria de los diputados chilenos

Dos artículos sobre el reportaje de Informe especial acerca de la Cámara de diputados.

CÁMARA DE DIPUTADOS: LA POLÍTICA ESTÁ FLOJA

Por Jorge Gómez Arismendi.

El programa Informe Especial dejó al descubierto un mito urbano entre los ciudadanos: los diputados lo que menos hacen es legislar.

Falsas asistencias; votaciones sin haber escuchado planteamientos; presencia en el hemiciclo de sólo 5 minutos y retorno a gran velocidad a Santiago; paseos a la plaza; lectura de diario mientras otros exponen; visitas a sitios de apuestas; marcaje de votos de otros no presentes; oficinas que no lo son y que son casas particulares.

Estas son algunas de las cosas que hacen cada día los diputados chilenos, en vez de estar cumpliendo con el principal cometido para el que fueron elegidos por la ciudadanía, legislar.

Y entendamos que legislar no es simplemente votar, es analizar por qué se vota, es entender qué se vota y para qué. Lo cierto es que la mayoría de los diputados no legisla.

Entonces ¿Qué hacen y para qué están entonces? ¿Se justifican las altas dietas y otras asignaciones económicas, para que estos altos funcionarios del Estado no hagan nada?

Ningún sector ni partido se salva. A pesar de que algunos se muestran ante los medios como defensores de la eficiencia y el compromiso político. Ninguno se salva. Excepto los independientes.

Ninguno se salva aunque den las explicaciones más irrisorias; digan que casas particulares son sus oficinas, mientras sus supuestos oficinistas dicen lo contrario (Julio Dittborn); o que digan que no puede votar porque no tienen el oficio, cuando en realidad estaban viendo fotos (Ramón Farías); o que digan que le gusta la actividad práctica para justificar que mientras se sesiona vayan a la Plaza a lustrarse los zapatos (Alinco). La lista de irregularidades es larga, muy larga. Y ninguno se salva.

Me pregunto si los ciudadanos, los electores a los que apelan estos políticos vieron el programa de ayer.

¿Habrán visto que diputados RN, PPD, PRSD, UDI sólo van a marcar, para luego irse raudos, en días en que deben sesionar? ¿Habrán visto que diputados de la Alianza y la Concertación votan por otros? ¿Habrán visto que otros no votan casi nunca (Darío Paya, Maximiano Errázuriz, Pablo Lorenzini?

La situación no reviste mayor análisis. La institucionalidad política en general –sobre todo el sistema binominal- que inhibe la competencia y excluye a los independientes, está generando serias y crecientes deficiencias en el poder legislativo.

Esto no se trata del compromiso o la moral de personas de un sector u otro, como algunos pretenden camuflar el problema de fondo para obtener dividendos electorales.

Lo cierto es que el compromiso y la moral de cualquier lado son frágiles y dudosos. Quedó más que demostrado. El problema es netamente institucional. De incentivos y castigos.

¿Se castigan con descuentos a las dietas parlamentarias, las inasistencias, las falsas asistencias, las faltas de quórum por no presencia? No, no existe ningún castigo para tales irregularidades. ¿Existe algún mecanismo mediante el cual rindan los dineros públicos que usan para viajes al extranjero, oficinas, asesores, etc? Tampoco.

Por lo tanto, tampoco existen incentivos para que asistan a todas las sesiones y cumplan con su trabajo. Excepto sus sueldos millonarios y otros “auto regalos” que se dan, incluso en tiempos de crisis. Sin embargo, muchos incluso encuentran que es poco. Quizás por eso hacen mal el trabajo. La ambición no tiene límites.

Si un funcionario público de grado menor falta a su trabajo, se le descuenta de su ya bajo sueldo ¿Por qué a estos altos funcionarios no se les aplica lo mismo si más encima fueron elegidos por los ciudadanos? ¿Dónde queda la igualdad ante la ley o la igualdad entre los trabajadores que muchos de estos diputados profesan?

Sin comentario al altanería para afrontar a la prensa. Olvidan que mal que mal, gracias a los ciudadanos que los eligen, ellos están ahí, pues sin el voto ciudadano, no podrían.

Reitero, el problema es institucional y los diputados no pretenden cambiar eso ni un ápice.

Ni el manoseado cambio, ni la oxigenación de la política, ni la alternancia mejorarán la actual mala calidad de la política. Menos de la mano de esta clase de políticos y partidos.

La única solución que visualizo en mi molestia, es que se vayan todos. Voto de censura a los diputados de Chile.

LA CÁMARA INDISCRETA DEL CONGRESO
Por Jorge Montecino.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas.

En las encuestas de opinión, los congresistas chilenos aparecen como uno de los segmentos del país peor evaluados. La percepción de los encuestados fue ratificada en el reportaje de TVN, que muestra a los legisladores sobrepasando toda prudencia y sensatez en el ejercicio de su mandato.

Desde los atrasos a la llegada a la sesión legislativa, hasta la revisión de lo que ocurre con las carreras de caballo, se pueden observar con toda nitidez, mientras se legisla en materias del interés del país. Una de las más graves, resulta el votar un diputado (a) hasta dos o tres veces, marcando la preferencias de los demás colegas, que en algunas ocasiones simplemente ni se enteran que otro, ejerció su derecho a voto.

La lista de imprudencias es larga y extensa. Además, deja en cuestionamiento a todo el espectro político, sin distinción alguna. Sin embargo, llama la atención que se gasten recursos en oficinas públicas de atención ciudadana, inexistentes. Esto resulta grave y daña de manera irreparable, la relación –ya deteriorada- entre autoridades electas y sus electores.

¿Cuál es la reacción de los implicados en dichas prácticas? Resulta casi escandaloso, que frente a una realidad cuestionada y validada por los congresistas en el reportaje televisivo, se reaccione con la defensa corporativa y se cuestione la imparcialidad de lo mostrado. Nadie desconoce el aporte legislativo del Congreso Nacional. Sin embargo, eso no implica la justificación de malas prácticas y conductas inaceptable para personajes públicos, como los aludidos.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Los electores le han confiado no sólo la decisión política de representarlos, sino que también el ejercicio pleno del poder y ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas. De lo contrario, aparecen situaciones como por ejemplo, la equivocada reacción de un congresista, que ante una infracción de transito (exceso de velocidad), termina por ejercer su influencia, llamando a una alta autoridad de gobierno, y además solicitando represalias contra dos Carabineros. Este es el fondo del problema y no otro.

Cambios profundos en el ejercicio legislativo.

Todo hace indicar que es necesario provocar con toda rapidez, un cambio profundo en el ejercicio legislativo. La manera de organizar la Corporación, que reúne al Congreso Nacional, debe modernizarse y terminar con las acciones corporativas, que solo profundizan las malas prácticas y además, provocan en la ciudadanía, mayores niveles de rechazo, apatía y falta de interés por los asuntos públicos. Lo complejo en todo este cambio, es el desafío de autorregularse y asumir públicamente los errores y ello hasta el momento parece lejano en la Cámara de Diputados.

Respecto del programa de TVN, Informe Especial, los televidentes quedamos con la sensación que pudimos haber visto mayores niveles de cuestionamientos entre los insinuados, considerando el tiempo de investigación periodística. Es de esperar que en este caso, las presiones políticas y la censura no existiesen.

*Holgazanería

Ambos autores son cientistas políticos.