Por Jorge Gómez Arismendi
Al igual que en el resto de Latinoamérica, el tema constitucional comienza a ser parte del debate previo a las presidenciales de diciembre, no tanto por una cuestión ideológica sino más bien porque es algo técnicamente necesario.
Desde el punto de vista neoinstitucional, las instituciones, entendidas como aquellos marcos de acción, que establecen limitaciones que estructuran la interacción humana, no son elementos estáticos en el tiempo sino que cambian con el tiempo de manera incremental.
Lo anterior sobre todo se aplica a las limitaciones formales, es decir, aquellas normas escritas como leyes, constituciones. Por una simple razón, lo individuos y sus formas de interacción cambian y con ello las mentalidades y por ende las sociedades. Mientras más rígida es una institución formal, tiene más posibilidades de quedar obsoleta en relación a las instituciones informales.
Eso es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Fue hecha en un contexto político, social y económico totalmente distinto al actual, que determinó entre otras cosas que su génesis y elaboración estuviera marcada por un claro autoritarismo, no sólo paternalista sino también excluyente. En el 2009, esa institucionalidad formal es cada vez más anacrónica en relación al modo –cada vez más diverso- de pensar y actuar de los chilenos.
Es anacrónica, a pesar de las reformas realizadas el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. La crisis de representación que genera el sistema electoral binominal y el debate en torno a las Pastilla del Día después, son sólo algunos ejemplos de ese anacronismo y la ciudadanía esta captando eso de forma creciente.
Si bien desde hace mucho tiempo diversas organizaciones y ciudadanos en diversas ciudades del país vienen desarrollando foros y propuestas en torno a cambiar la carta fundamental, como el abogado Roberto Garretón, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central o la Asociación Americana de Juristas, el tema recién ha comenzado a manifestarse con fuerza como eje central de la carrera presidencial.
Si bien candidatos como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, y Eduardo Frei ya han planteado la necesidad de tener una nueva carta fundamental, no han logrado posicionar esto como tema eje programático y político de la próxima elección presidencial. Y es el tema.
Por lo mismo, la propuesta de constitución política de Marco Enríquez Ominami, se vuelve significativa en varios sentidos en el actual escenario presidencial.
En primer lugar, como el tercer candidato mejor posicionado, obliga tanto a Frei como a Piñera a abordar el debate constitucional de forma sustancial y seria en sus programas, no sólo como simple comentario para las cámaras ni como un tema de comisión a cuatro paredes, sino que como eje central de sus campañas políticas ante la ciudadanía.
Es decir, politiza el tema constitucional y lo hace contingente y público para la ciudadanía. No tanto por la propuesta en sí, sino por el impacto mediático que tiene Enríquez Ominami.
En segundo lugar, abre el espacio de discusión cuestionando el sistema presidencial que nos ha regido desde los inicios republicanos y que ningún sector político cuestiona, proponiendo un sistema semipresidencial con primer ministro y un parlamento unicameral. Idea que coincide con una de las comisiones del ex presidente Frei, que ya ha planteado reemplazar el sistema presidencial actual.
Más allá de las diversas propuestas, lo concreto es que el tema constitucional se está convirtiendo en el tema central de las próximas elecciones. No será la crisis mundial, ni la economía, sino una cuestión política.
Ningún candidato presidencial podrá evadir esto si no quiere perder, aunque hasta ahora lo hayan hecho.
Desde el punto de vista neoinstitucional, las instituciones, entendidas como aquellos marcos de acción, que establecen limitaciones que estructuran la interacción humana, no son elementos estáticos en el tiempo sino que cambian con el tiempo de manera incremental.
Lo anterior sobre todo se aplica a las limitaciones formales, es decir, aquellas normas escritas como leyes, constituciones. Por una simple razón, lo individuos y sus formas de interacción cambian y con ello las mentalidades y por ende las sociedades. Mientras más rígida es una institución formal, tiene más posibilidades de quedar obsoleta en relación a las instituciones informales.
Eso es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Fue hecha en un contexto político, social y económico totalmente distinto al actual, que determinó entre otras cosas que su génesis y elaboración estuviera marcada por un claro autoritarismo, no sólo paternalista sino también excluyente. En el 2009, esa institucionalidad formal es cada vez más anacrónica en relación al modo –cada vez más diverso- de pensar y actuar de los chilenos.
Es anacrónica, a pesar de las reformas realizadas el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. La crisis de representación que genera el sistema electoral binominal y el debate en torno a las Pastilla del Día después, son sólo algunos ejemplos de ese anacronismo y la ciudadanía esta captando eso de forma creciente.
Si bien desde hace mucho tiempo diversas organizaciones y ciudadanos en diversas ciudades del país vienen desarrollando foros y propuestas en torno a cambiar la carta fundamental, como el abogado Roberto Garretón, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central o la Asociación Americana de Juristas, el tema recién ha comenzado a manifestarse con fuerza como eje central de la carrera presidencial.
Si bien candidatos como Jorge Arrate, Alejandro Navarro, y Eduardo Frei ya han planteado la necesidad de tener una nueva carta fundamental, no han logrado posicionar esto como tema eje programático y político de la próxima elección presidencial. Y es el tema.
Por lo mismo, la propuesta de constitución política de Marco Enríquez Ominami, se vuelve significativa en varios sentidos en el actual escenario presidencial.
En primer lugar, como el tercer candidato mejor posicionado, obliga tanto a Frei como a Piñera a abordar el debate constitucional de forma sustancial y seria en sus programas, no sólo como simple comentario para las cámaras ni como un tema de comisión a cuatro paredes, sino que como eje central de sus campañas políticas ante la ciudadanía.
Es decir, politiza el tema constitucional y lo hace contingente y público para la ciudadanía. No tanto por la propuesta en sí, sino por el impacto mediático que tiene Enríquez Ominami.
En segundo lugar, abre el espacio de discusión cuestionando el sistema presidencial que nos ha regido desde los inicios republicanos y que ningún sector político cuestiona, proponiendo un sistema semipresidencial con primer ministro y un parlamento unicameral. Idea que coincide con una de las comisiones del ex presidente Frei, que ya ha planteado reemplazar el sistema presidencial actual.
Más allá de las diversas propuestas, lo concreto es que el tema constitucional se está convirtiendo en el tema central de las próximas elecciones. No será la crisis mundial, ni la economía, sino una cuestión política.
Ningún candidato presidencial podrá evadir esto si no quiere perder, aunque hasta ahora lo hayan hecho.
MEO Y SU PROPUESTA CONSTITUCIONAL
Por Jorge Montecino
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
La propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, delineada por el equipo de trabajo del Presidenciable Marco Enriquez-Ominami (MEO), está generando las primeras reacciones entre los distintos sectores de la clase política chilena.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Igual situación podría ocurrir con la idea de una sola Cámara Legislativa en el Congreso Nacional. Poner fin al Senado, por ejemplo, implicaría un cambio fundamental en el énfasis legislativo en el país y abre un debate, que al menos la clase política no está dispuesta a profundizar.
Ciertamente, la idea de revocar el mandato representativo de las autoridades, mediante la acción ciudadana, instala un desafío mayor para las autoridades. Esto ayuda a la calidad y densidad de la política y a nuevas formas de renovar la elite del país.
Otra de las propuestas planteadas, es reafirmar la figura del Estado, como garante de la educación en Chile, así como la aplicación de la figura del Plebiscito, para dirimir algunos asuntos claves para el país. Estas temáticas resultan más de consenso, siendo planteadas en el gobierno e incluso, en sectores de la derecha.
Algunos sectores del país – los gestores de la Constitución de 1980- reclaman aduciendo que las Constituciones, no se cambian todos los días y destacan el ejemplo estadounidense, que mantiene un cuerpo legislativo único y sólo genera enmiendas en su carta fundamental. Incluso aducen que las reformas aprobadas en el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron suficientes. Dichos argumentos, procuran de manera simbólica mantener una Constitución tutelar, con enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional y la prerrogativa de ciertos sectores y en especial la elite política del país.
Por tanto, el merito de MEO, y su programa de reforma constitucional, es instalar estos temas, como posibles y abordables, sobre todo en un país poco participativo, donde se privilegia la relación con la sociedad política por sobre la sociedad civil. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
Es necesario un nuevo cuerpo legislativo que supere la Constitución impuesta del año Ochenta, por que el país no sólo cambio radicalmente, sino que es una sociedad compleja, cambiante y de enormes transformaciones, tremendamente interconectada y globalizada, lo que implica constantes ajustes al marco constitucional en procura de ir cerrando la brecha entre el país legal y el país real.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
La propuesta de una nueva Constitución Política del Estado, delineada por el equipo de trabajo del Presidenciable Marco Enriquez-Ominami (MEO), está generando las primeras reacciones entre los distintos sectores de la clase política chilena.
El sólo hecho de imaginar en Chile, la figura de un Primer Ministro, produce estupor y alarma entre los acérrimos defensores del presidencialismo. Igual situación podría ocurrir con la idea de una sola Cámara Legislativa en el Congreso Nacional. Poner fin al Senado, por ejemplo, implicaría un cambio fundamental en el énfasis legislativo en el país y abre un debate, que al menos la clase política no está dispuesta a profundizar.
Ciertamente, la idea de revocar el mandato representativo de las autoridades, mediante la acción ciudadana, instala un desafío mayor para las autoridades. Esto ayuda a la calidad y densidad de la política y a nuevas formas de renovar la elite del país.
Otra de las propuestas planteadas, es reafirmar la figura del Estado, como garante de la educación en Chile, así como la aplicación de la figura del Plebiscito, para dirimir algunos asuntos claves para el país. Estas temáticas resultan más de consenso, siendo planteadas en el gobierno e incluso, en sectores de la derecha.
Algunos sectores del país – los gestores de la Constitución de 1980- reclaman aduciendo que las Constituciones, no se cambian todos los días y destacan el ejemplo estadounidense, que mantiene un cuerpo legislativo único y sólo genera enmiendas en su carta fundamental. Incluso aducen que las reformas aprobadas en el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron suficientes. Dichos argumentos, procuran de manera simbólica mantener una Constitución tutelar, con enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional y la prerrogativa de ciertos sectores y en especial la elite política del país.
Por tanto, el merito de MEO, y su programa de reforma constitucional, es instalar estos temas, como posibles y abordables, sobre todo en un país poco participativo, donde se privilegia la relación con la sociedad política por sobre la sociedad civil. Reconocer la idea de cambio, implica abordar estos temas, con total plenitud, y con la mayor participación de actores políticos y ciudadanos.
Es necesario un nuevo cuerpo legislativo que supere la Constitución impuesta del año Ochenta, por que el país no sólo cambio radicalmente, sino que es una sociedad compleja, cambiante y de enormes transformaciones, tremendamente interconectada y globalizada, lo que implica constantes ajustes al marco constitucional en procura de ir cerrando la brecha entre el país legal y el país real.
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