LA PILDORA DEL DIA DESPUÉS

LA PILDORA ELECTORAL Y OPUS DEI
Por Jorge Montecino
Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.
¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.
Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.
Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.
Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.
Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.
En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

PDD: Cualquier cosa, menos alterar el modelo económico

Por Jorge Gómez Arismendi
La Pastilla del día después (PDD) sigue siendo un voladero de luces, pues no se discute el fondo del problema: que tenemos un modelo que no ofrece protección alguna a la maternidad y la vida del ya nacido.
Andrea trabaja 10 horas diarias, su hijo tiene 1 año de vida y asiste al jardín infantil desde los 6 meses de vida. Ella trabaja por un sueldo bajo, sin embargo costea el jardín del pequeño, pues tampoco es considerada para acceder al sistema público de educación preescolar.
Hace algunas semanas, Benjamín, su hijo, se enfermó de Influenza AH1N1. Lo atendió en una clínica privada, pues anteriormente un hospital público lo envió a casa sólo con una aspirina, a pesar de la recomendación del pediatra de ser hospitalizado de urgencia pues llevaba 7 días con fiebre.
La atención de urgencia le costo alrededor de 100 mil pesos, pues le cobraron un excedente por llevarlo en horario peak. No podía salir del trabajo antes, así que lo debió llevar a esa hora.
El niño requería diez días de reposo. Sin embargo, el médico le negó la licencia a Andrea, simplemente porque el pequeño ya tiene un año.
Se vio forzada entonces a obtener una licencia de forma anexa, para poder faltar a su trabajo sin que le descuenten y poder cuidar a su hijo. Días después, su Isapre –no es Fonasa- rechazó la licencia, aún cuando ésta indicaba claramente que la paciente presentaba síntomas de influenza humana.
¿Qué nos muestra la historia y cuál es su relación con la discusión en torno a la PDD?
Nos indica que ni el gobierno ni la oposición ofrecen soluciones reales y concretas al problema de fondo: que en Chile no se protege la infancia, y que además el sistema castiga fuertemente a la mujer que trabaja y que decide cumplir una maternidad responsable, aún si está sola.
Muestra que tanto la Concertación como la Alianza, en el fondo no pretenden modificar el modelo para solucionar un problema social cuya raíz es más amplia y profunda, y cuyos costos son de largo alcance. Por eso centran sus propuestas sólo en una parte muy específica, pero no van más allá de eso.
En este sentido, los que rechazan la PDD no proponen absolutamente nada para evitar la interrupción de embarazos no deseados, no ofrecen opciones posteriores, sino que sólo restringen una solución previa, usar la pastilla.
Olvidan que hay factores clave (tanto a priori como a posteriori) en cuanto al aborto, como la falta de programas de educación sexual, el castigo social que persiste sobre las madres solteras –expulsión de colegios, discriminación laboral- y el alto costo económico que implica tener un hijo sin apoyo familiar o de pareja.
No olvidemos que al nuevo actual rechazo a la distribución de la Pastilla, se suma una férrea y constante oposición a la promoción de campañas en pro del uso del condón o a programas de educación sexual en colegios donde se incluya el uso de métodos anticonceptivos.
En este sentido, la discusión en torno a permitir la distribución de la PDD deja en evidencia las profundas contradicciones del discurso social y político de la Concertación y sobre todo la Alianza.

Restringir la libertad pero nunca alterar el modelo
La mayoría de los sectores pro vida son declarados defensores del modelo económico imperante, por lo tanto rechazan cualquier modificación sustancial a éste, o la idea de crear un Estado benefactor por considerarlo paternalista.
Sin embargo, tienen una clara postura paternalista, cuando defienden una fuerte restricción por parte del Estado, a la libertad moral y de conciencia de las personas en diversos temas como aborto, eutanasia o uniones homosexuales.
A la vez y contradictoriamente a su discurso pro vida, rechazan cualquier intervención del Estado en cuanto a ofrecer y constituir un sistema de protección para personas en situación de alta vulnerabilidad, como lo es un recién nacido, que además su madre no desea.
Es decir, aún cuando el sujeto de la protección parece ser el mismo, su protección sólo sería válida en el vientre. Cuando alguien ya nació, protegerlo implicaría alterar el modelo económico. En esto también parece ser condescendiente la Concertación, pues la alternativa al problema es la interrupción del embarazo, pero no la garantía de una protección posterior del individuo y su madre.
En el fondo, el discurso político que ambos sectores defienden, concibe que el recién nacido debe valerse por sí solo, pues intervenir para ayudar a su madre sería peligroso, populista. Una retórica que no es nueva. Recordemos que cuando hace varios años atrás se propuso la repartición gratuita de leche por parte del Estado en los sectores más pobres, parte de la derecha catalogó la medida como populista.
Libertad de conciencia para algunos, restricción estatal para pobres
En cuanto a la libertad de acción y de conciencia de las personas, la discusión muestra claramente la contradicción de los sectores pro vida y algunos “vulgo liberales”.
Por un lado, y en respuesta a la posición de Sebastián Piñera a favor de la pastilla, algunos parlamentarios reclaman que en temas valóricos no hay órdenes de partido (Kast), que debe primar la libertad de conciencia de cada persona. Al parecer, para el parlamentario eso sólo sería válido para aquellos que rechazan la pastilla, no para una mujer que decidiera usarla.
Por lo mismo, cuando Piñera deja en libertad de acción a los legisladores de su sector -para que decidan qué es bueno para las personas, y sabiendo que muchos van a rechazar la distribución- hay un claro acto de paternalismo elitista de su parte. Y eso que el paternalismo es un argumento clave cuando critican al gobierno.
Sin embargo, y tal como lo hizo María Angélica Cristi, a la vez se acusan una imposición del gobierno al agregar un método anticonceptivo más, cuando hay otros sistemas anticonceptivos a disposición del público en consultorios y la gente no lo ha pedido. ¿No es una imposición acaso eliminar alternativas? Más aún ¿Por qué sería bueno restringir alternativas y malo aumentarlas?
Lo concreto es que la decisión y la capacidad de elección queda en manos de las elites y no de los ciudadanos. Paternalismo claro de parte de algunos sectores de la Alianza, que acorde a la lógica de defensa irrestricta del modelo económico, sólo cuestiona la distribución en consultorios del sistema público, pero no la venta de la pastilla en farmacias.
Es decir, aquellos que pueden pagar sí tienen derecho a acceder a la pastilla, ejercer su libertad de conciencia, además de planificar y decidir acerca de sus vidas, pero no aquellos que no tienen dinero para comprarla.
Los más pobres entonces, deben someterse a la disciplina moral que algunas elites -que si pueden ejercer su libertinaje- les imponen. Vaya sociedad libre.

Encuesta CEP 2009

El ESTABLISHMENT, SUS ENCUESTAS Y LOS CIUDADANOS

Por Jorge Gómez Arismendi
En esta ocasión, la encuesta CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer -mediante el encauzamiento de las expectativas ciudadanas- un sistema político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la gente en general. Por lo mismo, la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar el estudio, es más bien ilusoria.
Más allá de los típicos análisis, hay que ver que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, quizás la más esperada de las encuestas políticas (y eso que la opinión pública no existe) pretende mostrar una opinión pública cuyo principal interés político estaría centrado en cuán simpático es un candidato. Pero ¿Cuán cierto es esto y qué se esconde detrás de ese mensaje?
La última encuesta del CEP publica ayer, enfocó parte importante de sus consultas a determinar cómo perciben los ciudadanos a los candidatos presidenciales, preguntándoles si los veían preparados para ser presidente, simpáticos, inseguros o manipuladores.
En este sentido, la consulta no tomó en cuenta ni puso en el tapete cuestiones programáticas ni de trasfondo político en cuanto a la próxima elección presidencial.
Es decir, eliminó de la “opinión pública” lo más importante que debería tomarse en cuenta a la hora de elegir a un futuro gobernante; sus propuestas y programas.
Algunos dirán que eso ocurre por un tema netamente metodológico. Quizás. Pero no. Y es que hay algo detrás de toda encuesta: y es que estás no reflejan tanto la realidad, sino que más bien pretenden construirla.
Por lo mismo, y en esa pretensión de construir la realidad, la encuesta CEP ha pretendido mostrar que el único cambio concreto y posible –en el actual sistema político- será relativo a tener un presidente más simpático, menos inseguro o menos manipulador. Nada más allá de eso.

Es decir, con la encuesta se pretende enmarcar las esperanzas y márgenes de opción del electorado, no en torno a asuntos programáticos y políticos, sino a cuestiones subjetivas como la simpatía o seguridad del candidato. O sea, a expectativas dentro de lo que el establishment del poder permite.
A través de la encuesta se les dice indirectamente a los ciudadanos –a sus subconscientes- no pidan más allá, pues éste es el sentir general de la opinión pública. Lo anterior, aún cuando la encuesta CEP –que es parte del establishment- construye esa ficción, esa opinión pública, a partir de un universo de sólo 1.505 personas, cuando en la realidad existe un total de 8 millones 100 mil inscritos para votar.
Si uno lo analiza bien, la encuesta –aunque no es explícita en decirlo y tampoco pretende hacerlo- también muestra claramente que “el cambio”, la “renovación de la política” y la inclusión de jóvenes en las campañas de la Concertación y la Alianza, son sólo una ficción, una estrategia de marketing, y no una pretensión política y programática. Es decir, que los cambios profundos y de fondo no están considerados por los candidatos de dichas coaliciones, y que tampoco deben estarlo en las expectativas de los ciudadanos.
Una vez más, el establishment se refuerza y se reproduce a si mismo mediante sus instrumentos, guiando las expectativas y opiniones de los ciudadanos.
Es claro que en esta ocasión, la encuesta del CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer mediante el encauzamiento de las opiniones y expectativas ciudadanas -sobre todo a través de los medios de comunicación masivos- un sistema electoral y político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la ciudadanía en general.
Es por esto que la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar la CEP, es más bien ilusoria.
Lo cierto es que los bandos políticos ya están armados hace rato en torno a la Alianza y la Concertación, pero el votante medio -aquel independiente que deben pelearse los partidos políticos- en la realidad no quiere optar por ninguno de esos candidatos, pues en el fondo perciben a Piñera y Frei como iguales, como parte del mismo establishment y orden político basado en la Alianza y la Concertación, que no aprueban.
De lo anterior surge gran parte del creciente apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami (que no sólo cuenta con simpatizantes entre inscritos sino también entre no inscritos).
Si se analiza con detalle, se puede ver que existe un número importante de personas que no vota o no le interesa hacerlo en éstas próximas elecciones. Ya en las pasadas elecciones, de 8 millones de inscritos, más de un millón (un 16%) prefirió no votar, mientras que hay 3 millones de no inscritos en edad de hacerlo. En otras palabras no sólo no les gustan las opciones que se les ofrecen, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad de éstas para gobernar y de todo el orden político.
Por lo mismo, como instrumento del establishment y en la función de revertir ese fenómeno, la encuesta CEP no aportó nada nuevo y más bien reforzó lo que otras encuestas, medios de comunicación y partidos políticos han hecho y han estado haciendo en los últimos meses: tratar de reducir o atraer las opciones, expectativas y opiniones de los ciudadanos a las que ofrecen las coaliciones hegemónicas (La Concertación y la Alianza). Da lo mismo cuál. Es el mismo establishment.

LAS CLAVES DE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL
Por Jorge Montecino.
La encuesta CEP, visibilizó el pulso electoral de cara a las elecciones presidenciales de diciembre. El análisis demuestra que los candidatos Eduardo Frei y Sebastian Piñera, logran un empate técnico en segunda vuelta. Por otra parte, los candidatos pequeños, escasamente reúnen un 1 % lo que implica que tienen pocas posibilidades de llegar a La Moneda. Respecto de Marco Enriquez- Ominami, - el candidato más mediatizado de los últimos tiempos- aparece marcando el 13 % de las preferencias, cifra que lo instala como la tercera fuerza electoral del país, desplazando, a candidatos como Jorge Arrate, Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro.
Respecto del gobierno, a la Presidenta Michelle Bachelet, la encuesta le otorgar un 66 % de apoyo, lo que implica un liderazgo pleno y robusto, que le permitirá consolidar sus logros y terminar su mandato con una alta legitimidad. Sin embargo, su capital político, no es traspasable de manera integra al candidato de La Concertación, el Senador, Eduardo Frei.
¿Qué implican estas preferencias políticas?
La medición deja al descubierto la dura lucha por el sillón presidencial en la segunda vuelta. El ganador obtendrá el poder por un margen muy ajustado de votos. Las alianzas electorales podrían resultar claves para inclinar la balanza y romper el equilibrio electoral. El pacto PC- Concertación, podría inclinar el poder y resultar clave. Esto ocurre principalmente por que los votantes siguen siendo los mismos que han sufragado en las últimas elecciones presidenciales. Vale decir, el padrón electoral no crece de manera significativa.
Respecto de los candidatos más pequeños su futuro es incierto. El representante presidencial del Junto Podemos Más, puede alcanzar alrededor de un 5 %, en la primera vuelta, superando largamente su 1 % que le asigna la encuesta CEP.
Respecto de Adolfo Zaldívar, aparece con una votación marginal, quedando en suspenso su proyecto político futuro. Lo mismo ocurre con el senador Navarro, cuestión que podría significar el fin de su aventura presidencial.
El caso de Marco Enriquez- Ominami, resulta significativo. Es en definitiva una candidatura que crece en las encuestas. Es un candidato catalizador del descontento hacia La Concertación y su candidatura promueve un recambio generacional en la elite gobernante. Su 13 %, es en gran parte, un voto que le pertenece a La Concertación - un 44 % de sus votantes expresan que votaran por Frei, en la segunda vuelta- Sin embargo, los desafíos que debe enfrentar son múltiples.
Primero; debe lograr la inscripción de miles de sus adherentes, ello implica un tremendo esfuerzo administrativo- electoral; Segundo, la conformación de su fuerza electoral, por que sin diputados y senadores, no hay gobierno posible. Tercero, superar todas las trabas burocráticas del sistema electoral chileno. Estos escollos pudieran dejarlo fuera de la carrera presidencial.
De ocurrir esto último, MEO, quedaría en el camino y la contienda presidencial, se reduce sólo a las dos candidaturas fuertes, en cuyo efecto, y considerando la escasa inscripción de nuevos electores, quien logre mayor efectividad en el llamado a votar, entre sus propios adherentes, logrará obtener el poder. Por lo tanto, la renovación de la política, queda postergada una vez más y el poder se reproduce, tal como ha sucedido en los últimos 20 años.

Corrupción en PDI

Caso PDI: ¿Quién nos resguarda?
Por Jorge Montecino
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.
Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.
En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.
Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.
¿Es Chile un país corrupto?
Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias víctimas- de aquellos que debían proteger.
La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.
Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.
La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.
La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.
El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.

Corrupción en la PDI: ¿Dónde están los Controles y Contrapesos (checks and balances)?
Por Jorge Gómez Arismendi
La participación de miembros de la PDI en una red de prostitución infantil, denunciada por Contacto, muestran que el perfeccionamiento de las instituciones no debe centrarse sólo en la mejorar su imagen sino también sus estructuras institucionales, formales e informales.
Cuando la policía civil cambio su nombre a las siglas PDI, su director Arturo Herrera, anunció que se iniciaba una nueva etapa institucional (encuadrada en el Plan Minerva) con buenas prácticas, una gestión transparente y un nuevo código de ética policial. En esa oportunidad, también destacó la reducción al mínimo de la corrupción al interior del organismo.
Sin embargo, la denunciada hecha esta semana por el programa Contacto, en cuanto a la eventual participación de miembros de la PDI -en retiro y servicio activo- en una red de prostitución infantil desbaratada en el año 2007, muestra que aún persisten serias falencias institucionales, formales e informales en dicho organismo a todo nivel, y que el cambio de imagen no ha bastado para erradicarlas.
En este sentido, la falla institucional en la policía civil es clara. El jefe de la PDI en Valparaíso el año 2007, Alfredo Jiménez Ogalde, aún cuando supo formalmente de las denuncias, cuando el líder de la red –ahora detenido- declaró que entre sus clientes había miembros de la PDI, ni siquiera hizo un sumario.
A lo anterior se sumó que el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR), negó las irregularidades ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando ésta le consultó por las denuncias hechas por el subcomisario Héctor Guzmán Godoy (expulsado de la policía el mismo 2007).
¿Qué buscaban proteger estos altos funcionarios? ¿La nueva imagen de la PDI valía más que hacer pública las faltas de algunos funcionarios de menor rango? ¿O las denuncias los salpicaban a ellos también?
Por otro lado ¿Qué clase de investigación hizo la Comisión de DD. HH. que bastó con esa simple negación del subsecretario para dejar de indagar acerca de las denuncias?
Claramente, lo anterior muestra lo más grave de todo del asunto, y es que los hechos ocurridos en torno al caso denunciado, indican que los procedimientos institucionales de diversos organismos -en cuanto a fiscalizar actos corruptos de otros- fallaron en su conjunto y de forma estruendosa.
Fracasaron no sólo en la PDI y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sino también en el Ministerio Público, que recién el 2009 inició una investigación, aún cuando ya el 2007, en julio específicamente, una de las víctimas de la red de prostitución infantil desbaratada, había denunciado la participación de policías civiles ese mismo año.
Ahí radica el principal problema principal de todo esto, porque ninguno de los organismos que pudo haber hecho algo al respecto lo hizo correctamente, ni tampoco funcionó de manera totalmente independiente y competente como para fiscalizar al otro. Es decir, fallaron los Check and balance (Controles y Contrapesos) en más de una ocasión.

La cimarra* diaria de los diputados chilenos

Dos artículos sobre el reportaje de Informe especial acerca de la Cámara de diputados.

CÁMARA DE DIPUTADOS: LA POLÍTICA ESTÁ FLOJA

Por Jorge Gómez Arismendi.

El programa Informe Especial dejó al descubierto un mito urbano entre los ciudadanos: los diputados lo que menos hacen es legislar.

Falsas asistencias; votaciones sin haber escuchado planteamientos; presencia en el hemiciclo de sólo 5 minutos y retorno a gran velocidad a Santiago; paseos a la plaza; lectura de diario mientras otros exponen; visitas a sitios de apuestas; marcaje de votos de otros no presentes; oficinas que no lo son y que son casas particulares.

Estas son algunas de las cosas que hacen cada día los diputados chilenos, en vez de estar cumpliendo con el principal cometido para el que fueron elegidos por la ciudadanía, legislar.

Y entendamos que legislar no es simplemente votar, es analizar por qué se vota, es entender qué se vota y para qué. Lo cierto es que la mayoría de los diputados no legisla.

Entonces ¿Qué hacen y para qué están entonces? ¿Se justifican las altas dietas y otras asignaciones económicas, para que estos altos funcionarios del Estado no hagan nada?

Ningún sector ni partido se salva. A pesar de que algunos se muestran ante los medios como defensores de la eficiencia y el compromiso político. Ninguno se salva. Excepto los independientes.

Ninguno se salva aunque den las explicaciones más irrisorias; digan que casas particulares son sus oficinas, mientras sus supuestos oficinistas dicen lo contrario (Julio Dittborn); o que digan que no puede votar porque no tienen el oficio, cuando en realidad estaban viendo fotos (Ramón Farías); o que digan que le gusta la actividad práctica para justificar que mientras se sesiona vayan a la Plaza a lustrarse los zapatos (Alinco). La lista de irregularidades es larga, muy larga. Y ninguno se salva.

Me pregunto si los ciudadanos, los electores a los que apelan estos políticos vieron el programa de ayer.

¿Habrán visto que diputados RN, PPD, PRSD, UDI sólo van a marcar, para luego irse raudos, en días en que deben sesionar? ¿Habrán visto que diputados de la Alianza y la Concertación votan por otros? ¿Habrán visto que otros no votan casi nunca (Darío Paya, Maximiano Errázuriz, Pablo Lorenzini?

La situación no reviste mayor análisis. La institucionalidad política en general –sobre todo el sistema binominal- que inhibe la competencia y excluye a los independientes, está generando serias y crecientes deficiencias en el poder legislativo.

Esto no se trata del compromiso o la moral de personas de un sector u otro, como algunos pretenden camuflar el problema de fondo para obtener dividendos electorales.

Lo cierto es que el compromiso y la moral de cualquier lado son frágiles y dudosos. Quedó más que demostrado. El problema es netamente institucional. De incentivos y castigos.

¿Se castigan con descuentos a las dietas parlamentarias, las inasistencias, las falsas asistencias, las faltas de quórum por no presencia? No, no existe ningún castigo para tales irregularidades. ¿Existe algún mecanismo mediante el cual rindan los dineros públicos que usan para viajes al extranjero, oficinas, asesores, etc? Tampoco.

Por lo tanto, tampoco existen incentivos para que asistan a todas las sesiones y cumplan con su trabajo. Excepto sus sueldos millonarios y otros “auto regalos” que se dan, incluso en tiempos de crisis. Sin embargo, muchos incluso encuentran que es poco. Quizás por eso hacen mal el trabajo. La ambición no tiene límites.

Si un funcionario público de grado menor falta a su trabajo, se le descuenta de su ya bajo sueldo ¿Por qué a estos altos funcionarios no se les aplica lo mismo si más encima fueron elegidos por los ciudadanos? ¿Dónde queda la igualdad ante la ley o la igualdad entre los trabajadores que muchos de estos diputados profesan?

Sin comentario al altanería para afrontar a la prensa. Olvidan que mal que mal, gracias a los ciudadanos que los eligen, ellos están ahí, pues sin el voto ciudadano, no podrían.

Reitero, el problema es institucional y los diputados no pretenden cambiar eso ni un ápice.

Ni el manoseado cambio, ni la oxigenación de la política, ni la alternancia mejorarán la actual mala calidad de la política. Menos de la mano de esta clase de políticos y partidos.

La única solución que visualizo en mi molestia, es que se vayan todos. Voto de censura a los diputados de Chile.

LA CÁMARA INDISCRETA DEL CONGRESO
Por Jorge Montecino.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas.

En las encuestas de opinión, los congresistas chilenos aparecen como uno de los segmentos del país peor evaluados. La percepción de los encuestados fue ratificada en el reportaje de TVN, que muestra a los legisladores sobrepasando toda prudencia y sensatez en el ejercicio de su mandato.

Desde los atrasos a la llegada a la sesión legislativa, hasta la revisión de lo que ocurre con las carreras de caballo, se pueden observar con toda nitidez, mientras se legisla en materias del interés del país. Una de las más graves, resulta el votar un diputado (a) hasta dos o tres veces, marcando la preferencias de los demás colegas, que en algunas ocasiones simplemente ni se enteran que otro, ejerció su derecho a voto.

La lista de imprudencias es larga y extensa. Además, deja en cuestionamiento a todo el espectro político, sin distinción alguna. Sin embargo, llama la atención que se gasten recursos en oficinas públicas de atención ciudadana, inexistentes. Esto resulta grave y daña de manera irreparable, la relación –ya deteriorada- entre autoridades electas y sus electores.

¿Cuál es la reacción de los implicados en dichas prácticas? Resulta casi escandaloso, que frente a una realidad cuestionada y validada por los congresistas en el reportaje televisivo, se reaccione con la defensa corporativa y se cuestione la imparcialidad de lo mostrado. Nadie desconoce el aporte legislativo del Congreso Nacional. Sin embargo, eso no implica la justificación de malas prácticas y conductas inaceptable para personajes públicos, como los aludidos.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Los electores le han confiado no sólo la decisión política de representarlos, sino que también el ejercicio pleno del poder y ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas. De lo contrario, aparecen situaciones como por ejemplo, la equivocada reacción de un congresista, que ante una infracción de transito (exceso de velocidad), termina por ejercer su influencia, llamando a una alta autoridad de gobierno, y además solicitando represalias contra dos Carabineros. Este es el fondo del problema y no otro.

Cambios profundos en el ejercicio legislativo.

Todo hace indicar que es necesario provocar con toda rapidez, un cambio profundo en el ejercicio legislativo. La manera de organizar la Corporación, que reúne al Congreso Nacional, debe modernizarse y terminar con las acciones corporativas, que solo profundizan las malas prácticas y además, provocan en la ciudadanía, mayores niveles de rechazo, apatía y falta de interés por los asuntos públicos. Lo complejo en todo este cambio, es el desafío de autorregularse y asumir públicamente los errores y ello hasta el momento parece lejano en la Cámara de Diputados.

Respecto del programa de TVN, Informe Especial, los televidentes quedamos con la sensación que pudimos haber visto mayores niveles de cuestionamientos entre los insinuados, considerando el tiempo de investigación periodística. Es de esperar que en este caso, las presiones políticas y la censura no existiesen.

*Holgazanería

Ambos autores son cientistas políticos.

Candidatura de Lavín a la Quinta Región Costa

QUINTA COSTA: Clave en la disputa Presidencial

Por Jorge Montecinos

La llegada de Joaquín Lavín, a la V región, responde a dos escenarios muy concretos. Uno, de carácter coyuntural, plegado de desconfianza hacia Sebastian Piñera, por su impredecible manera de ejercer el poder político. Dos, la impronta de la UDI, en su camino por transformarse en un partido popular.

La UDI, considera que el haber ganado dos circunscripciones electorales claves, como Viña del Mar y Valparaíso, en las últimas elecciones municipales, le otorga la posibilidad cierta de fortalecer un polo político electoral estratégico en la V región.

Es una apuesta que tiene sentido, al considerar que las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, tienen una importancia vital para cualquier proyecto político. En Valparaíso, se concentra el poder legislativo, y además, es una comuna popular, que se conecta con el eje populista del proyecto de la UDI. Por su parte, Viña del Mar, es el polo de representación simbólica de los sectores más acomodados de Chile, y por tanto, el motor del proyecto político- simbólico de la UDI.

¿Qué se propone la UDI con la llegada de Joaquín Lavín a la Quinta Costa?

Todo hace indicar que se conjugan dos aspectos claves. Uno, que tiene relación con las desavenencias en la campaña presidencial y algunas diferencias concretas con el candidato Sebastian Piñera. Dos, aquellos elementos más estratégicos, y que tienen relación con el crecimiento partidario de la UDI, y su proyecto de “partido popular”.

Respecto de la carrera presidencial de diciembre próximo, sin duda, será una contienda dura y muy cerrada en su votación electoral. Las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, por la impronta electoral favorable a la UDI, puede ser claves en inclinar la balanza presidencial a favor de Sebastian Piñera. Vale decir, el fortalecimiento de la Circunscripción Quinta Costa, - mediante la figura de J. Lavín- responde también al propósito de lograr un triunfo presidencial, cuyo margen de obtención o derrota, puede estar determinado por unos 30.000 o 50.000 votos, como factor de triunfo.

Está estrategia disminuye al máximo el riesgo de la UDI, en su apuesta política. Por una parte, no abandona del todo a Sebastian Piñera, pero le resta a su vez el protagonismo total. Por la otra, asegura su proyecto de “partido popular”, al fortalecer su presencia en dos distritos claves. Además, ante un eventual fracaso de candidato presidencial de RN, la presencia de Joaquín Lavín, le permite obtiene un senador, que juntos a la bancada más conservadora de la UDI, defenderá aspectos claves de la Constitución de 1980, que amplios sectores desean cambiar, en el gobierno futuro.

J. Lavín, procuraría resguardar los valores más conservadores del cuerpo legislativo y además, se transformaría en un figura clave, para garantizar la cohesión de los congresistas de la UDI para el próximo gobierno. De ganar el abanderado de la Coalición por el Cambio, la UDI, mantiene su presencia senatorial y se acrecienta la figura de Joaquín Lavín en el Congreso. En todo caso, en el UDI, nada es al azar. Todo responde a ciertas lógicas del poder, ante el liderazgo impredecible, pragmático y en ocasiones personalista de Sebastian Piñera.

Lavín escapó de Piñera a la Quinta Región

Por Jorge Gómez Arismendi

La eventual candidatura de Joaquín Lavín, por la Quinta Región Costa, más bien parece esconder una táctica de éste, para desligarse diplomáticamente de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, y no tanto una pretensión electoral personal.

Cuando Pablo Longueira se desligó por la prensa del comando presidencial de Sebastián Piñera, la señal era clara: apoyaba la candidatura del empresario, pero dejaba clara su distancia política con éste.

Esa distancia, que quedó en clara evidencia en 2007 en torno a la discusión del salario mínimo ético, parece no ser exclusiva del senador, sino también de otros miembros importantes de la UDI, que aunque no la hacen tan explícita como Longueira, si la dejan clara en discusiones privadas. Eso se notó en la demora que pusieron los gremialistas en cuanto a darle el apoyo de manera oficial y definitiva a la candidatura de Piñera.

Lo cierto es que las diferencias de estilo y de hacer política entre Sebastián Piñera y líderes importantes de la UDI, parecen no desaparecer a medida que se acercan las elecciones presidenciales de diciembre, sino más bien agudizarse.

La ahora eventual candidatura de Joaquín Lavín por la Quinta Región Costa parece confirmar ese ambiente tenso pero solapado. En este sentido, más bien parece una táctica del ex alcalde, para desligarse diplomáticamente de la candidatura de Sebastián Piñera, y mantener su independencia y capacidad de discreción política en un espacio propio como lo es una senatoria. Eso sí, sin generar daños a la Alianza y sus pretensiones de llegar a ser gobierno.

En el fondo, algunos altos líderes UDI quieren evitar ser cooptados y absorbidos por RN en caso de llegar al gobierno, al verse en la obligación de constituir una coalición gobernante. Por lo mismo, durante el cónclave gremialista, Lavín fue enfático en decir que el gobierno de Piñera debería tener el sello de la UDI.

En este sentido, la UDI apoya a Piñera en base a una ética de resultados (ganar las elecciones en diciembre y con ello llegar al gobierno) y no en base a una ética de principios. En esa línea, Longueira fue claro en declarar en la prensa que Piñera era el vehículo para que el proyecto gremialista llegara a la Moneda, y que prefiere más ver a Lavín como presidente que como senador o ministro de Sebastián Piñera.

Lavín siendo más realista que Longueira, claramente ve que la senatoria le ofrece un espacio mucho más propicio para mantener un punto de poder propio e independiente, pero manteniendo los apoyos netamente políticos con Piñera. No así un puesto como ministro.

En lo anterior, probablemente también incide el que Lavín tampoco olvida que hace cuatro años, el consejo general de RN le quitó el respaldo como candidato de la Alianza, proclamando a Piñera, y que este último le negó la posibilidad de ir a primarias. Por lo tanto, el riesgo de sufrir una “desconocida” por parte de Piñera es real. Muerte política segura para Lavín si la sufre siendo ministro del empresario.

Análisis discurso 21 mayo 2009

De la política del crecimiento a las políticas del Bienestar

Por Jorge Gómez Arismendi

El discurso del 21 de mayo dejó clara cuál debe ser ahora la prioridad de los candidatos presidenciales y el futuro gobierno: constituir una política de protección social como política de Estado constante.

Hasta hace algunos años, el concepto central que primaba en los debates políticos, en las propuestas de los candidatos de turno y en los discursos presidenciales de 21 de mayo y de gobierno, era el crecimiento económico. Y sobre todo, cómo garantizarlo.

Ese fue por más de 15 años, la base de las políticas de los gobiernos de la Concertación –con los tratados de libre comercio como foco central- y el principal concepto disputado por la Alianza por Chile en cuanto a quién lo podía desarrollar de mayor forma.

Sin embargo, la actual crisis económica mundial, ha debilitado fuertemente dicho discurso, dejando de manifiesto ante la ciudadanía y también ante la clase política en general, que el crecimiento económico no es garantía de seguridad individual en tiempos financieros complejos.

Lo anterior, estaría generando un cambio en el discurso político general, en cuanto a cuál es el rol de los gobiernos. Este no sería sólo garantizar el crecimiento económico, sino también la protección social cuando lo primero falla.

La conjunción que da paso al verdadero desarrollo.Quizás por esa razón, el jueves nadie cuestionó de manera global el fuerte enfoque hacia la protección social, que tuvo el último discurso de la Presidenta Michelle Bachelet.

El discurso de la protección social se ha comenzado a hacer transversal. El escenario de crisis así lo permite.

Si consideramos que el paquete de medidas propuesto por la mandataria implica una inversión en seguridad social por parte del Estado, de 1.150 millones de dólares, el cambio en las prioridades gubernamentales comienza a ser notorio. Ese gasto, años atrás era impensado dentro del discurso del crecimiento.

En este sentido, el discurso presidencial también define los contenidos que probablemente se disputarán en la carrera presidencial y el futuro gobierno a partir de 2010.

Lo central del mensaje sin embargo, es que ese cambio en el discurso también exige la responsabilidad de las propias clases políticas y los gobiernos en cuanto al buen uso que hacen de los recursos. Por lo mismo, la Presidenta fue clara al decir que “la prudencia de ayer rinde frutos. La disciplina fiscal en años de bonanza servirá para enfrentar este incierto cuadro internacional sin que ello conlleve afectar el gasto social".

Los candidatos presidenciales ya no pueden sólo hablar de crecimiento y emprendimiento en sus propuestas, sino también de seguridad social y sobre todo de responsabilidad, en todo sentido.

Sin reforma política no hay Bienestar pleno

Por Jorge Montecinos

El mayor logro del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es sin duda, la política de protección social hacia los más vulnerables, que se implementó y que cubre los dos últimos años de su mandato. Esto implica la protección algunos sectores, que ruegan por mayor bienestar, ante las dificultades económicas globales y nacionales, entre ellos, el desempleo y las bajas en el comercio internacional.

Es un avance significativo, que debiera transformarse en política de Estado. Sin embargo, un mejor país, implica también equilibrar la reforma del bienestar con la reforma política. Este último aspecto resulta clave para la transformación de fondo, que requiere Chile: ser un país diverso, inclusivo y con plenas garantías de participación ciudadana.

La profundización de la calidad y densidad democrática de las instituciones y sus procesos, es un desafío clave, que es necesario resolver con prontitud. El cambio de la Carta Fundamental, no puede seguir esperando. Dicho proceso debe transformarse en un tema país, capaz de fortalecer la participación ciudadana, cuyo tejido esencial, se encuentra desplazado de las decisiones políticas más fundamentales.

Vivimos en sociedades complejas, cuyo motor de las transformaciones es dinámico, muchas veces impredecible y totalmente cambiante. Por tanto, el diálogo y la reforma política es parte de un todo integrador. En dichos aspectos, la reforma constitucional; el cambio de sistema electoral binominal; las elecciones directas de Intendentes y Gobernadores, así como el término de los Consejeros Regionales – por mencionar algunos- son aspectos que requieren un cambio lo antes posible. La espera sólo profundiza el problema y sus efectos.

La clase política, especialmente los legisladores, necesitan aumentar la marcha, con una prontitud política real y efectiva. Lamentablemente la inscripción automática y el voto voluntario, reforma que no será posible aplicar en las próximas elecciones de diciembre, es una mala señal para los ciudadanos. En síntesis, la reforma política es un componente imprescindible de las reformas necesarias del Estado.