HONDURAS: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DEMÓCRATAS?
Por Jorge Gómez Arismendi
El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.
La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.
Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.
Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.
Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.
Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.
Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.
No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.
La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.
En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.
El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.
La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.
Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.
Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.
Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.
Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.
Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.
No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.
La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.
En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.
HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO
Por Jorge Montecino.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.
La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.
Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.
La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.
Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.
Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.
La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.
Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.
La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.
Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.
Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista.
Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.
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