LA PILDORA ELECTORAL Y OPUS DEI
Por Jorge Montecino
Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.
¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.
Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.
Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.
Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.
Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.
En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
Por Jorge Montecino
Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.
¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.
Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.
Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.
Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.
Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.
En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.
PDD: Cualquier cosa, menos alterar el modelo económico
Por Jorge Gómez Arismendi
La Pastilla del día después (PDD) sigue siendo un voladero de luces, pues no se discute el fondo del problema: que tenemos un modelo que no ofrece protección alguna a la maternidad y la vida del ya nacido.
Andrea trabaja 10 horas diarias, su hijo tiene 1 año de vida y asiste al jardín infantil desde los 6 meses de vida. Ella trabaja por un sueldo bajo, sin embargo costea el jardín del pequeño, pues tampoco es considerada para acceder al sistema público de educación preescolar.
Hace algunas semanas, Benjamín, su hijo, se enfermó de Influenza AH1N1. Lo atendió en una clínica privada, pues anteriormente un hospital público lo envió a casa sólo con una aspirina, a pesar de la recomendación del pediatra de ser hospitalizado de urgencia pues llevaba 7 días con fiebre.
La atención de urgencia le costo alrededor de 100 mil pesos, pues le cobraron un excedente por llevarlo en horario peak. No podía salir del trabajo antes, así que lo debió llevar a esa hora.
El niño requería diez días de reposo. Sin embargo, el médico le negó la licencia a Andrea, simplemente porque el pequeño ya tiene un año.
Se vio forzada entonces a obtener una licencia de forma anexa, para poder faltar a su trabajo sin que le descuenten y poder cuidar a su hijo. Días después, su Isapre –no es Fonasa- rechazó la licencia, aún cuando ésta indicaba claramente que la paciente presentaba síntomas de influenza humana.
¿Qué nos muestra la historia y cuál es su relación con la discusión en torno a la PDD?
Nos indica que ni el gobierno ni la oposición ofrecen soluciones reales y concretas al problema de fondo: que en Chile no se protege la infancia, y que además el sistema castiga fuertemente a la mujer que trabaja y que decide cumplir una maternidad responsable, aún si está sola.
Muestra que tanto la Concertación como la Alianza, en el fondo no pretenden modificar el modelo para solucionar un problema social cuya raíz es más amplia y profunda, y cuyos costos son de largo alcance. Por eso centran sus propuestas sólo en una parte muy específica, pero no van más allá de eso.
En este sentido, los que rechazan la PDD no proponen absolutamente nada para evitar la interrupción de embarazos no deseados, no ofrecen opciones posteriores, sino que sólo restringen una solución previa, usar la pastilla.
Olvidan que hay factores clave (tanto a priori como a posteriori) en cuanto al aborto, como la falta de programas de educación sexual, el castigo social que persiste sobre las madres solteras –expulsión de colegios, discriminación laboral- y el alto costo económico que implica tener un hijo sin apoyo familiar o de pareja.
No olvidemos que al nuevo actual rechazo a la distribución de la Pastilla, se suma una férrea y constante oposición a la promoción de campañas en pro del uso del condón o a programas de educación sexual en colegios donde se incluya el uso de métodos anticonceptivos.
En este sentido, la discusión en torno a permitir la distribución de la PDD deja en evidencia las profundas contradicciones del discurso social y político de la Concertación y sobre todo la Alianza.
La Pastilla del día después (PDD) sigue siendo un voladero de luces, pues no se discute el fondo del problema: que tenemos un modelo que no ofrece protección alguna a la maternidad y la vida del ya nacido.
Andrea trabaja 10 horas diarias, su hijo tiene 1 año de vida y asiste al jardín infantil desde los 6 meses de vida. Ella trabaja por un sueldo bajo, sin embargo costea el jardín del pequeño, pues tampoco es considerada para acceder al sistema público de educación preescolar.
Hace algunas semanas, Benjamín, su hijo, se enfermó de Influenza AH1N1. Lo atendió en una clínica privada, pues anteriormente un hospital público lo envió a casa sólo con una aspirina, a pesar de la recomendación del pediatra de ser hospitalizado de urgencia pues llevaba 7 días con fiebre.
La atención de urgencia le costo alrededor de 100 mil pesos, pues le cobraron un excedente por llevarlo en horario peak. No podía salir del trabajo antes, así que lo debió llevar a esa hora.
El niño requería diez días de reposo. Sin embargo, el médico le negó la licencia a Andrea, simplemente porque el pequeño ya tiene un año.
Se vio forzada entonces a obtener una licencia de forma anexa, para poder faltar a su trabajo sin que le descuenten y poder cuidar a su hijo. Días después, su Isapre –no es Fonasa- rechazó la licencia, aún cuando ésta indicaba claramente que la paciente presentaba síntomas de influenza humana.
¿Qué nos muestra la historia y cuál es su relación con la discusión en torno a la PDD?
Nos indica que ni el gobierno ni la oposición ofrecen soluciones reales y concretas al problema de fondo: que en Chile no se protege la infancia, y que además el sistema castiga fuertemente a la mujer que trabaja y que decide cumplir una maternidad responsable, aún si está sola.
Muestra que tanto la Concertación como la Alianza, en el fondo no pretenden modificar el modelo para solucionar un problema social cuya raíz es más amplia y profunda, y cuyos costos son de largo alcance. Por eso centran sus propuestas sólo en una parte muy específica, pero no van más allá de eso.
En este sentido, los que rechazan la PDD no proponen absolutamente nada para evitar la interrupción de embarazos no deseados, no ofrecen opciones posteriores, sino que sólo restringen una solución previa, usar la pastilla.
Olvidan que hay factores clave (tanto a priori como a posteriori) en cuanto al aborto, como la falta de programas de educación sexual, el castigo social que persiste sobre las madres solteras –expulsión de colegios, discriminación laboral- y el alto costo económico que implica tener un hijo sin apoyo familiar o de pareja.
No olvidemos que al nuevo actual rechazo a la distribución de la Pastilla, se suma una férrea y constante oposición a la promoción de campañas en pro del uso del condón o a programas de educación sexual en colegios donde se incluya el uso de métodos anticonceptivos.
En este sentido, la discusión en torno a permitir la distribución de la PDD deja en evidencia las profundas contradicciones del discurso social y político de la Concertación y sobre todo la Alianza.
Restringir la libertad pero nunca alterar el modelo
La mayoría de los sectores pro vida son declarados defensores del modelo económico imperante, por lo tanto rechazan cualquier modificación sustancial a éste, o la idea de crear un Estado benefactor por considerarlo paternalista.
Sin embargo, tienen una clara postura paternalista, cuando defienden una fuerte restricción por parte del Estado, a la libertad moral y de conciencia de las personas en diversos temas como aborto, eutanasia o uniones homosexuales.
A la vez y contradictoriamente a su discurso pro vida, rechazan cualquier intervención del Estado en cuanto a ofrecer y constituir un sistema de protección para personas en situación de alta vulnerabilidad, como lo es un recién nacido, que además su madre no desea.
Es decir, aún cuando el sujeto de la protección parece ser el mismo, su protección sólo sería válida en el vientre. Cuando alguien ya nació, protegerlo implicaría alterar el modelo económico. En esto también parece ser condescendiente la Concertación, pues la alternativa al problema es la interrupción del embarazo, pero no la garantía de una protección posterior del individuo y su madre.
En el fondo, el discurso político que ambos sectores defienden, concibe que el recién nacido debe valerse por sí solo, pues intervenir para ayudar a su madre sería peligroso, populista. Una retórica que no es nueva. Recordemos que cuando hace varios años atrás se propuso la repartición gratuita de leche por parte del Estado en los sectores más pobres, parte de la derecha catalogó la medida como populista.
Libertad de conciencia para algunos, restricción estatal para pobres
En cuanto a la libertad de acción y de conciencia de las personas, la discusión muestra claramente la contradicción de los sectores pro vida y algunos “vulgo liberales”.
Por un lado, y en respuesta a la posición de Sebastián Piñera a favor de la pastilla, algunos parlamentarios reclaman que en temas valóricos no hay órdenes de partido (Kast), que debe primar la libertad de conciencia de cada persona. Al parecer, para el parlamentario eso sólo sería válido para aquellos que rechazan la pastilla, no para una mujer que decidiera usarla.
Por lo mismo, cuando Piñera deja en libertad de acción a los legisladores de su sector -para que decidan qué es bueno para las personas, y sabiendo que muchos van a rechazar la distribución- hay un claro acto de paternalismo elitista de su parte. Y eso que el paternalismo es un argumento clave cuando critican al gobierno.
Sin embargo, y tal como lo hizo María Angélica Cristi, a la vez se acusan una imposición del gobierno al agregar un método anticonceptivo más, cuando hay otros sistemas anticonceptivos a disposición del público en consultorios y la gente no lo ha pedido. ¿No es una imposición acaso eliminar alternativas? Más aún ¿Por qué sería bueno restringir alternativas y malo aumentarlas?
Lo concreto es que la decisión y la capacidad de elección queda en manos de las elites y no de los ciudadanos. Paternalismo claro de parte de algunos sectores de la Alianza, que acorde a la lógica de defensa irrestricta del modelo económico, sólo cuestiona la distribución en consultorios del sistema público, pero no la venta de la pastilla en farmacias.
Es decir, aquellos que pueden pagar sí tienen derecho a acceder a la pastilla, ejercer su libertad de conciencia, además de planificar y decidir acerca de sus vidas, pero no aquellos que no tienen dinero para comprarla.
Los más pobres entonces, deben someterse a la disciplina moral que algunas elites -que si pueden ejercer su libertinaje- les imponen. Vaya sociedad libre.
La mayoría de los sectores pro vida son declarados defensores del modelo económico imperante, por lo tanto rechazan cualquier modificación sustancial a éste, o la idea de crear un Estado benefactor por considerarlo paternalista.
Sin embargo, tienen una clara postura paternalista, cuando defienden una fuerte restricción por parte del Estado, a la libertad moral y de conciencia de las personas en diversos temas como aborto, eutanasia o uniones homosexuales.
A la vez y contradictoriamente a su discurso pro vida, rechazan cualquier intervención del Estado en cuanto a ofrecer y constituir un sistema de protección para personas en situación de alta vulnerabilidad, como lo es un recién nacido, que además su madre no desea.
Es decir, aún cuando el sujeto de la protección parece ser el mismo, su protección sólo sería válida en el vientre. Cuando alguien ya nació, protegerlo implicaría alterar el modelo económico. En esto también parece ser condescendiente la Concertación, pues la alternativa al problema es la interrupción del embarazo, pero no la garantía de una protección posterior del individuo y su madre.
En el fondo, el discurso político que ambos sectores defienden, concibe que el recién nacido debe valerse por sí solo, pues intervenir para ayudar a su madre sería peligroso, populista. Una retórica que no es nueva. Recordemos que cuando hace varios años atrás se propuso la repartición gratuita de leche por parte del Estado en los sectores más pobres, parte de la derecha catalogó la medida como populista.
Libertad de conciencia para algunos, restricción estatal para pobres
En cuanto a la libertad de acción y de conciencia de las personas, la discusión muestra claramente la contradicción de los sectores pro vida y algunos “vulgo liberales”.
Por un lado, y en respuesta a la posición de Sebastián Piñera a favor de la pastilla, algunos parlamentarios reclaman que en temas valóricos no hay órdenes de partido (Kast), que debe primar la libertad de conciencia de cada persona. Al parecer, para el parlamentario eso sólo sería válido para aquellos que rechazan la pastilla, no para una mujer que decidiera usarla.
Por lo mismo, cuando Piñera deja en libertad de acción a los legisladores de su sector -para que decidan qué es bueno para las personas, y sabiendo que muchos van a rechazar la distribución- hay un claro acto de paternalismo elitista de su parte. Y eso que el paternalismo es un argumento clave cuando critican al gobierno.
Sin embargo, y tal como lo hizo María Angélica Cristi, a la vez se acusan una imposición del gobierno al agregar un método anticonceptivo más, cuando hay otros sistemas anticonceptivos a disposición del público en consultorios y la gente no lo ha pedido. ¿No es una imposición acaso eliminar alternativas? Más aún ¿Por qué sería bueno restringir alternativas y malo aumentarlas?
Lo concreto es que la decisión y la capacidad de elección queda en manos de las elites y no de los ciudadanos. Paternalismo claro de parte de algunos sectores de la Alianza, que acorde a la lógica de defensa irrestricta del modelo económico, sólo cuestiona la distribución en consultorios del sistema público, pero no la venta de la pastilla en farmacias.
Es decir, aquellos que pueden pagar sí tienen derecho a acceder a la pastilla, ejercer su libertad de conciencia, además de planificar y decidir acerca de sus vidas, pero no aquellos que no tienen dinero para comprarla.
Los más pobres entonces, deben someterse a la disciplina moral que algunas elites -que si pueden ejercer su libertinaje- les imponen. Vaya sociedad libre.
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