El CHERNOBYL CHILENO
Por Jorge Gómez Arismendi
Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.
Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.
Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.
A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).
Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.
Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.
Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.
Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.
En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.
El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.
La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.
Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?
En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.
En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.
Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación.
El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales. El gobierno miente descaradamente.
¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.
Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.
EL BARRO SUECO QUE CONTAMINÓ ARICA
Por Jorge Montecino
Se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
En el año 1984, la empresa PROMEL, bajo la dirección de Marcos Beovic, solicitó autorización para desaduanar un producto curiosamente denominado “Barro con contenidos metálicos”, proveniente de Suecia. De esa manera se disfrazaron más de 19.314 toneladas de residuos tóxicos, que escondían altos índices de arsénico y plomo.
Hace algunas semanas, la Corte Suprema en un fallo histórico, obligó al Estado de Chile, a pagar $ 2.848 millones de pesos a un conjunto de familias afectadas.
Ante está escandalosa situación existen 2 aspectos que es preciso dilucidar. Por una parte, la responsabilidad de las autoridades de la época (1884) y las empresas involucradas. Vale decir, el Jefe del Servicio de Salud Arica y las compañías PROMEL de Chile y BOLIDEN METAL, de Suecia respectivamente.
Estos actores – bajo dictadura- son los causantes directos de la contaminación de los terrenos. Por tanto se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
Además, es necesario precisar, por que las nuevas autoridades de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, no lograron resolver el fondo del asunto y terminar con los altos niveles de contaminación y además, autorizaron la construcción de varios conjuntos habitacionales en la zona contaminada.
En el año 1993, la empresa PROMEL, solicita abandonar los curiosos “barros” y en consecuencia traslada su responsabilidad al Estado de Chile, bajo el supuesto de no poder procesar el material toxico, por su alto costo. Detrás de esta declaración, se esconde el verdadero propósito: nunca existió la intención del tratamiento de los residuos. Además, los terrenos arrendados al Ministerio de Bienes Nacionales, siempre fueron pensados como vertedero, lo que visibiliza el negocio de la muerte que instaló PROMEL con la complicidad de las autoridades chilenas.
La Corte Suprema en su fallo condenó al Servicio de Salud Arica por “no haber adoptado ninguna medida de seguridad para proteger a la población” En tal sentido, la condena incluye a las autoridades en dictadura y los gobiernos de La Concertación. Esto por que en el año 1997, las familias comienzan a presentar malestar físico que se expresan en: nauseas, dolores de cabeza, caída del cabello, desmayos y erupciones a la piel. Los más afectados resultaron ser la población infantil, que presentó altos niveles de plomo en la sangre.
Tras estos sucesos, y luego de más de 10 años, el fallo judicial, trata de reparar –aunque insuficientemente- lo que las autoridades no lograron resolver en casi 25 años, lo que resulta sinceramente inaceptable.
Respecto de las sanciones económicas- aún falta que se multe a las empresas involucradas – o sus herederos naturales – que importaron estos residuos y con ello reparar a los vecinos de Arica, que debieron vivir por años sobre los residuos exportados desde Suecia.
Se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
En el año 1984, la empresa PROMEL, bajo la dirección de Marcos Beovic, solicitó autorización para desaduanar un producto curiosamente denominado “Barro con contenidos metálicos”, proveniente de Suecia. De esa manera se disfrazaron más de 19.314 toneladas de residuos tóxicos, que escondían altos índices de arsénico y plomo.
Hace algunas semanas, la Corte Suprema en un fallo histórico, obligó al Estado de Chile, a pagar $ 2.848 millones de pesos a un conjunto de familias afectadas.
Ante está escandalosa situación existen 2 aspectos que es preciso dilucidar. Por una parte, la responsabilidad de las autoridades de la época (1884) y las empresas involucradas. Vale decir, el Jefe del Servicio de Salud Arica y las compañías PROMEL de Chile y BOLIDEN METAL, de Suecia respectivamente.
Estos actores – bajo dictadura- son los causantes directos de la contaminación de los terrenos. Por tanto se hace necesario determinar cuantos millones de dólares pagó BOLIDEN METAL u otras empresas suecas por los desechos tóxicos importados por PROMEL.
Además, es necesario precisar, por que las nuevas autoridades de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, no lograron resolver el fondo del asunto y terminar con los altos niveles de contaminación y además, autorizaron la construcción de varios conjuntos habitacionales en la zona contaminada.
En el año 1993, la empresa PROMEL, solicita abandonar los curiosos “barros” y en consecuencia traslada su responsabilidad al Estado de Chile, bajo el supuesto de no poder procesar el material toxico, por su alto costo. Detrás de esta declaración, se esconde el verdadero propósito: nunca existió la intención del tratamiento de los residuos. Además, los terrenos arrendados al Ministerio de Bienes Nacionales, siempre fueron pensados como vertedero, lo que visibiliza el negocio de la muerte que instaló PROMEL con la complicidad de las autoridades chilenas.
La Corte Suprema en su fallo condenó al Servicio de Salud Arica por “no haber adoptado ninguna medida de seguridad para proteger a la población” En tal sentido, la condena incluye a las autoridades en dictadura y los gobiernos de La Concertación. Esto por que en el año 1997, las familias comienzan a presentar malestar físico que se expresan en: nauseas, dolores de cabeza, caída del cabello, desmayos y erupciones a la piel. Los más afectados resultaron ser la población infantil, que presentó altos niveles de plomo en la sangre.
Tras estos sucesos, y luego de más de 10 años, el fallo judicial, trata de reparar –aunque insuficientemente- lo que las autoridades no lograron resolver en casi 25 años, lo que resulta sinceramente inaceptable.
Respecto de las sanciones económicas- aún falta que se multe a las empresas involucradas – o sus herederos naturales – que importaron estos residuos y con ello reparar a los vecinos de Arica, que debieron vivir por años sobre los residuos exportados desde Suecia.
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