Caso PDI: ¿Quién nos resguarda?
Por Jorge Montecino
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.
Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.
En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.
Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.
¿Es Chile un país corrupto?
Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias víctimas- de aquellos que debían proteger.
La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.
Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.
La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.
La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.
El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.
Por Jorge Montecino
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.
Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.
En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.
Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.
¿Es Chile un país corrupto?
Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.
No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias víctimas- de aquellos que debían proteger.
La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.
Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.
La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.
La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.
El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.
Corrupción en la PDI: ¿Dónde están los Controles y Contrapesos (checks and balances)?
Por Jorge Gómez Arismendi
La participación de miembros de la PDI en una red de prostitución infantil, denunciada por Contacto, muestran que el perfeccionamiento de las instituciones no debe centrarse sólo en la mejorar su imagen sino también sus estructuras institucionales, formales e informales.
Cuando la policía civil cambio su nombre a las siglas PDI, su director Arturo Herrera, anunció que se iniciaba una nueva etapa institucional (encuadrada en el Plan Minerva) con buenas prácticas, una gestión transparente y un nuevo código de ética policial. En esa oportunidad, también destacó la reducción al mínimo de la corrupción al interior del organismo.
Sin embargo, la denunciada hecha esta semana por el programa Contacto, en cuanto a la eventual participación de miembros de la PDI -en retiro y servicio activo- en una red de prostitución infantil desbaratada en el año 2007, muestra que aún persisten serias falencias institucionales, formales e informales en dicho organismo a todo nivel, y que el cambio de imagen no ha bastado para erradicarlas.
En este sentido, la falla institucional en la policía civil es clara. El jefe de la PDI en Valparaíso el año 2007, Alfredo Jiménez Ogalde, aún cuando supo formalmente de las denuncias, cuando el líder de la red –ahora detenido- declaró que entre sus clientes había miembros de la PDI, ni siquiera hizo un sumario.
A lo anterior se sumó que el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR), negó las irregularidades ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando ésta le consultó por las denuncias hechas por el subcomisario Héctor Guzmán Godoy (expulsado de la policía el mismo 2007).
¿Qué buscaban proteger estos altos funcionarios? ¿La nueva imagen de la PDI valía más que hacer pública las faltas de algunos funcionarios de menor rango? ¿O las denuncias los salpicaban a ellos también?
Por otro lado ¿Qué clase de investigación hizo la Comisión de DD. HH. que bastó con esa simple negación del subsecretario para dejar de indagar acerca de las denuncias?
Claramente, lo anterior muestra lo más grave de todo del asunto, y es que los hechos ocurridos en torno al caso denunciado, indican que los procedimientos institucionales de diversos organismos -en cuanto a fiscalizar actos corruptos de otros- fallaron en su conjunto y de forma estruendosa.
Fracasaron no sólo en la PDI y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sino también en el Ministerio Público, que recién el 2009 inició una investigación, aún cuando ya el 2007, en julio específicamente, una de las víctimas de la red de prostitución infantil desbaratada, había denunciado la participación de policías civiles ese mismo año.
Ahí radica el principal problema principal de todo esto, porque ninguno de los organismos que pudo haber hecho algo al respecto lo hizo correctamente, ni tampoco funcionó de manera totalmente independiente y competente como para fiscalizar al otro. Es decir, fallaron los Check and balance (Controles y Contrapesos) en más de una ocasión.
Por Jorge Gómez Arismendi
La participación de miembros de la PDI en una red de prostitución infantil, denunciada por Contacto, muestran que el perfeccionamiento de las instituciones no debe centrarse sólo en la mejorar su imagen sino también sus estructuras institucionales, formales e informales.
Cuando la policía civil cambio su nombre a las siglas PDI, su director Arturo Herrera, anunció que se iniciaba una nueva etapa institucional (encuadrada en el Plan Minerva) con buenas prácticas, una gestión transparente y un nuevo código de ética policial. En esa oportunidad, también destacó la reducción al mínimo de la corrupción al interior del organismo.
Sin embargo, la denunciada hecha esta semana por el programa Contacto, en cuanto a la eventual participación de miembros de la PDI -en retiro y servicio activo- en una red de prostitución infantil desbaratada en el año 2007, muestra que aún persisten serias falencias institucionales, formales e informales en dicho organismo a todo nivel, y que el cambio de imagen no ha bastado para erradicarlas.
En este sentido, la falla institucional en la policía civil es clara. El jefe de la PDI en Valparaíso el año 2007, Alfredo Jiménez Ogalde, aún cuando supo formalmente de las denuncias, cuando el líder de la red –ahora detenido- declaró que entre sus clientes había miembros de la PDI, ni siquiera hizo un sumario.
A lo anterior se sumó que el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR), negó las irregularidades ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando ésta le consultó por las denuncias hechas por el subcomisario Héctor Guzmán Godoy (expulsado de la policía el mismo 2007).
¿Qué buscaban proteger estos altos funcionarios? ¿La nueva imagen de la PDI valía más que hacer pública las faltas de algunos funcionarios de menor rango? ¿O las denuncias los salpicaban a ellos también?
Por otro lado ¿Qué clase de investigación hizo la Comisión de DD. HH. que bastó con esa simple negación del subsecretario para dejar de indagar acerca de las denuncias?
Claramente, lo anterior muestra lo más grave de todo del asunto, y es que los hechos ocurridos en torno al caso denunciado, indican que los procedimientos institucionales de diversos organismos -en cuanto a fiscalizar actos corruptos de otros- fallaron en su conjunto y de forma estruendosa.
Fracasaron no sólo en la PDI y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sino también en el Ministerio Público, que recién el 2009 inició una investigación, aún cuando ya el 2007, en julio específicamente, una de las víctimas de la red de prostitución infantil desbaratada, había denunciado la participación de policías civiles ese mismo año.
Ahí radica el principal problema principal de todo esto, porque ninguno de los organismos que pudo haber hecho algo al respecto lo hizo correctamente, ni tampoco funcionó de manera totalmente independiente y competente como para fiscalizar al otro. Es decir, fallaron los Check and balance (Controles y Contrapesos) en más de una ocasión.
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